16 de abril de 2024 (07:05 hrs).- A partir de este lunes y hasta el 29 de mayo, Baja Californiacomenzará su proceso electoral para elegir siete ayuntamientos y renovar el congreso local en medio de una discusión pública para no dar paso a quienes tengan acusaciones por delitos de género.
El Poder Judicial ya notificó al Instituto Estatal de Baja California (IEEBC), que hay “varios” aspirantes con antecedentes de controversias familiares, pero hasta este lunes por la madrugada que el organismo seguía resolviendo el registro de las candidaturas para arrancar la campaña, faltaba información judicial para corroborar esos antecedentes.
Raúl Guzmán Gómez, secretario ejecutivo del instituto electoral, dijo que esperan conocer el estatus de esos expedientes “en los próximos días o semanas”.
En la sesión de este domingo que se extendió por casi 8 horas, ese debate se concentró entre los partidos de oposición y la Coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, porque su abanderado para la alcaldía de Tijuana, Ismael Burgueño, ha sido señalado públicamente como deudor alimentario moroso.
Los partidos Acción Nacional (PAN), y Movimiento Ciudadano (MC), presentaron oficios al respecto y la sesión del IEEB fue a receso para revisarlos y tomar una determinación.
Posteriormente el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que el mismo Burgueño Ruiz admitió en la documentación de su registro que cuenta con antecedentes en tribunales de asuntos familiares.
A esas críticas se sumó el representante del Partido del Trabajo (PT), quien cuestionó la reacción del IEEBC para tomar una decisión cuando en el pleno ya contaban con los números de sentencia y juzgado donde está radicado el expediente.
Sin embargo, el representante de Morena abogó por esperar la verificación a cargo del Poder Judicial para conocer la situación actual de Burgueño Ruiz y del resto de aspirantes con antecedentes similares, asegurando que su abanderado no es un deudor moroso.
Semanas atrás, el presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández Morales, señaló que hay más de mil 100 personas registradas por una candidatura y la revisión de los antecedentes llevaría tiempo.
Además, aseguró que, de confirmar la existencia de sentencias firmes, el instituto podría retirar la candidatura incluso a quienes logren ganar la elección cuando acudan por su constancia de mayoría.
