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Por Adela Navarro Bello

En la investigación de los sobornos de la compañía Odebrecht, el tema no debería centrarse en Emilio Lozoya Austin, o en las finanzas del Partido Revolucionario Institucional. Esa indagatoria debería tener como fin llegar a la última consecuencia: Enrique Peña Nieto, hoy todavía Presidente de la República.

Sin embargo, eso no sucederá. En el Poder Legislativo, como en el Ejecutivo, se han empeñado en mantener el fuero. El Presidente no puede ser juzgado durante el tiempo que dure su encargo constitucional.

En otros casos, con una mayoría dentro de una votación, se puede quitar el fuero a un legislador para que enfrente a la justicia cuando de casos graves se trata.

Pero aun así, gozando de fuero, desde la Presidencia de la República se permitió que un encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, destituyera de su cargo al Fiscal Especial Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el doctor Santiago Nieto, precisamente cuando investiga un caso de recursos ilícitos en la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, a través del entonces encargado de asuntos internacionales de la campaña presidencial, Emilio Lozoya Austin, y provenientes de la compañía brasileña Odebrecht, cuyo propietario está en prisión en Brasil, donde podría enfrentar hasta 19 años de cárcel por sobornos de unos 30 millones de dólares a Petrobras, la petrolera brasileña.

El 18 de octubre, información sobre la investigación de la FEPADE y una entrevista con el Fiscal Santiago Nieto fueron publicadas en el periódico Reforma. El funcionario no ahondó en los detalles de la investigación, solo hizo referencia al contexto de la indagación, la importancia de la misma, y el caso de una carta que le envió Lozoya, la cual no proporcionó, solo refirió.

Textualmente declaró: “Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, dónde estudio. Nunca entendí esa parte. Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar”.

Sobre Odebrecht, les dijo a los de Reforma Santiago Nieto: “…es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas”.

Dos días después, el viernes 20 de octubre, el encargado de despacho de la PGR despidió a Santiago Nieto, invocando faltas al código de ética de la institución.

El escabroso –para los políticos- tema de Odebrecht no lo inició la FEPADE como una investigación propia. Lo hizo a partir de la develación que la compañía brasileña había otorgado recursos –sobornos- a Emilio Lozoya, por el rango de los diez millones de dólares, además que se empezaron a entregar cuando la campaña presidencial de 2012 y hasta cuando el priísta ya era director de Petróleos Mexicanos.

Las evidencias de corrupción, las pruebas de las entregas de los recursos ilícitos, los números de cuentas, los tiempos de entregas económicas, y las declaraciones de por lo menos cuatro ejecutivos de Odebrecht señalando sus reuniones con Lozoya, Enrique Peña Nieto y otros miembros del equipo priísta durante la campaña y cuando ya se les había entregado en Tribunales el triunfo electoral, no son noticias conocidas a partir de una investigación en México, sino de una que se sigue en Brasil y que ha sido investigada por periodistas mexicanos, primero por los comunicadores de Quinto Lab, y posteriormente por el colectivo ciudadano Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en ambos casos han logrado documentos, transcripciones, cifras, análisis, correos electrónicos, en poder de la Fiscalía brasileña y de la Policía Federal de aquel País.

Las documentales sobre las que trabaja la FEPADE (el jueves 26 de octubre Lozoya está citado a declarar como imputado) son oficiales y su investigación avanza. No es probable pensar que el encargado de despacho de la PGR actuó por si solo en la decisión de despedir al Fiscal. Es evidente que Elías Beltrán responde al interés de la Presidencia de la República, como en su momento lo hizo Raúl Cervantes, el Procurador que renunció pero que anticipó que había dejado la investigación del caso Odebrecht, muy avanzada.

La PGR no es una institución autónoma. Se está pidiendo que lo sea, pero no lo es. Es un brazo de la Presidencia de la República, una dependencia federal más del Gobierno de la República, por consecuencia, las decisiones que ahí se toman, de abonarle a la impunidad y la corrupción, representan a todo un gobierno y no a una sola institución.

Es lamentable la actitud retrógrada, autoritaria y opaca del Gobierno de Enrique Peña Nieto, con el despido del Fiscal Santiago Nieto, cuando éste denuncia presiones de un ex funcionario del Gobierno, pero protegido en sí del Presidente de la República, y ambos señalados de corrupción por ejecutivos de Odebrecht en las cortes de Brasil.

Desde la Presidencia de la República y ante la evidencia judicial en el exterior y las pruebas periodísticas publicadas en México, debió reconocer que, en efecto, el Presidente se había reunido con Marcelo Odebrecht en varias ocasiones, incluida una durante su campaña. Es decir, en la Presidencia reaccionan a las publicaciones en dos vías: despiden a quien señaló presiones por parte de un ex funcionario, y aclaran que sí, que Peña sí se reunió con Odebrecht, y los mexicanos todos debemos conformarnos con esa explicación personal llevada al plano institucional pero que no es ministerial.

Es decir, no debemos creer que hubo sobornos por 10 millones de pesos a Emilio Lozoya como se asienta en documentos en Tribunales brasileños, tampoco debemos creer que 1.5 millones de pesos fueron invertidos por Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República como se hace constar en documentos también en la corte de aquel País. También debemos descartar las declaraciones del ex Director de Odebrecht en México, Carlos Fadigas, cuando reveló en documentos oficiales: “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, y del actual Presidente Enrique Peña Nieto, no solo de él sino de su equipo”.

Aseveración que se insiste, consta en actas aun sea en otro país, y en entrevistas periodísticas. Con todo, al despedir al Fiscal Nieto, el Gobierno de la República pretende congelar, dar marcha atrás, deshacer, cerrar, o ignorar esa investigación que la sociedad ya no pide, sino exige. El Gobierno pretende que demos por cierta solo la versión de la Presidencia de la República: “Ningún funcionario de Odebrecht o sus filiales tuvo participación alguna en la campaña a la Presidencia del licenciado Enrique Peña Nieto”. ¡Cómo si el gobierno tuviese credibilidad!

El brazo corruptor de Odebrecht alcanza a más de una decena de países, entre los que por supuesto se encuentra México. En dos de esos países, en Guatemala y en Perú, están siendo investigados dos ex Presidentes. El peruano Otto Pérez Molina, ya en prisión preventiva luego que renunciara y fuese desaforado, para enfrentar a la justicia de su País por defraudación aduanera, y el guatemalteco Ollanta Humada, quien junto con su esposa, Nadine Heredia, fueron puestos en prisión preventiva por la investigación que se sigue en su contra tras la denuncia de haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht, justo –como en el caso de México- durante la campaña electoral en 2011 que posteriormente ganó.

En México sin embargo, Enrique Peña Nieto no ha sido ni será capaz de solicitar licencia, ni el Poder Legislativo de desaforarlo –como sucedió en Guatemala- para ser investigado por los recursos ilícitos de Odebrecht en su campaña y en su gobierno, a manera de sobornos a cambio de la adjudicación de obra.

En México ningún político tiene la sensatez para renunciar a un cargo que no está en condiciones de ejercer de manera óptima, ética, comprometida, transparente y con capacidad. El cinismo de la clase política mexicana ha engendrado casos como Emilio Lozoya, que ha de presumir de su padre, de su madre, de su escuela y su pedigrí revolucionario para lograr impunidad, y que se despida a un funcionario que fue electo por el Senado (97 votos a favor, 1 abstención, para ejercer el cargo del 19 de febrero de 2015 al 30 de noviembre de 2018) para investigar los delitos electorales, entre ellos, la malversación de fondos, y los recursos de procedencia ilícita como es el probadísimo caso de Odebrecht en México y con el PRI.

Pero no, en México no vamos a ver al Presidente Enrique Peña Nieto en la cárcel, quizá y si cambian los poderes, las leyes, el sistema, lo podríamos observar al primer ex Presidente de México en ser investigado, quizá aprehendido, pero hasta ahí. En México el Presidente tiene fuero completo, la justicia no lo toca.

Y de esa figura se sirven también sus amigos para seguir corrompiendo, corrompiéndose, sacando provecho de las concesiones y las relaciones políticas. A este gobierno lo significa la corrupción, la sospecha, la impunidad.

Lo que sí podrían hacer en el Poder Legislativo, particularmente en el Senado de la República, es inconformarse sobre la remoción del Fiscal Especial para Delitos Electorales; de hacerlo la mayoría en una votación, Santiago Nieto deberá ser reinstalado en su cargo, y en caso de ser ciertos los dichos del encargado de despacho de la PGR, someterse a la Comisión de Ética de la institución (Increíble, lo sé, pero la tienen).

Los Senadores tienen diez días hábiles a partir del viernes 20 de octubre, día del despido del Fiscal, para manifestarse al respecto; de no hacerlo en una sesión, se entenderá que validan la decisión de Elías Beltrán y así oficializarían la salida del titular de la FEPADE.

Con lo que proceda en el Senado en los siguientes días, se verá si los legisladores de la Cámara Alta están con el Presidente, la corrupción y la impunidad, o del lado de la sociedad organizada y de los mexicanos que buscan justicia.

En septiembre de este año, la organización Transformando Somos Más, entregó –de acuerdo a recortes de prensa- una iniciativa ciudadana acompañada de más de 220 mil firmas para “eliminar el fuero, las pensiones a los ex Presidentes, los seguros de gastos médicos mayores, así como reducir los sueldos a los altos funcionarios”, a la Cámara de Diputados.

También otras organizaciones de la sociedad civil preparan una iniciativa ciudadana para acotar el fuero, y la presentarán en algunos meses. Mientras tanto, nada se puede hacer. El Presidente en curso tiene inmunidad. Y la tendrá hasta el último día de noviembre de 2018. De ahí en adelante su desenlace podría ser otro. Quien quita y Enrique Peña Nieto termina, después de todo, haciendo historia.