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* Auxilian a Isla de Cedros 
* El Estado recuenta daños 
* Amparo frena edificación 
* Mario Osuna, demagogo 
* Pillo en Registro Público      
 
Enrique Méndez Álvarez / Bibi Gutiérrez 
 
Durante las siguientes 48 horas varias dependencias del Estado, encabezadas por la Secretaría de Desarrollo Social realizarán una serie de jornadas extraordinarias de auxilio en Isla de Cedros, tras los estragos provocados por el Huracán Rosa en la región.
Desde luego que tanto en Mexicali como Ensenada, se ejercen acciones tendientes a resolver los efectos en el puerto de San Felipe y el poblado de San Quintín, tras la tormenta que azotó en la entidad, sin embargo Isla de Cedros es más endeble por la lejanía y reducidos accesos para todo tipo de transporte cotidiano.
Al frente de la misión de apoyo a los isleños, va el titular de Desarrollo Social estatal ALFONSO ÁLVAREZ JUAN, también llevan instrucciones del gobernador FRANCISCO VEGA, de hacer lo necesario para resarcir los perjuicios de la naturaleza, el secretario General de Gobierno FRANCISCO RUEDA GÓMEZ, el titular de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ecología ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA, así como el secretario de Pesca y Acuacultura MATÍAS ARJONA.
De acuerdo a esto, las citadas dependencia supervisan la solución que desde un principio se viene aplicando para resarcir los daños, esperando que al inicio de la siguiente semana hayan normalizado en su totalidad, actividad escolar, comercio y reparación de accesos así como telefonía y electricidad.
 
JUSTICIA FEDERAL  
 
En voz del Mtro. JORGE ESCARCEGA, presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, debe de reconocerse la decisión del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo en Tijuana, al impedir con la ley en la mano la construcción de un edificio con 120 condominios y área de estacionamiento para 250 vehículos.
Esta edificación fue repudiada por centenares de familias habitantes de un polígono residencial de casi una decena de colonias y fraccionamientos alrededor del Hipódromo de Tijuana, en el predio que antes fue del Consulado de Estados Unidos en la frontera, edificio que por cierto inexplicablemente fue demolido cuando estaba siendo considerado para albergar un museo con una gigantesca biblioteca pública de la ciudad.
El pretendido edificio, en opinión del líder de abogados colegiados, es una aberración para la zona donde desde hace décadas residen pacíficamente miles de tijuanenses de clase media alta y alta en Tijuana.
El proyecto del citado edificio entorpecería la circulación vehicular, de por sí ya con dificultades en el crucero que descarga diariamente centenares de automóviles al bulevar Agua Caliente, entre el Hipódromo de Tijuana y Club Campestre.
El rechazo de la comunidad de ese sector habitacional, inició una serie de protestas y acciones legales luego de que empezaron a ser víctimas del estruendoso ruido de máquinas demoledoras cuando empezaron a derrumbar el edificio del Consulado estadounidense y después con el movimiento de alto tonelaje de acero y materiales de construcción.
Con azoro, los vecinos se percataron de la llegada de equipo de excavación y camiones para sacar e introducir materiales en una zona antes considerada como residencial horizontal y no para levantar edificios de 20 pisos de altura en un espacio que la propia ley impide por lo reducido del predio.
Entre los vecinos afectados por esta irracional obra inició el liderazgo del licenciado JOSÉ ÁNGEL ARREOLA, ex Juez Penal en Tijuana, avecindado en la zona desde hace varias décadas, a fin de organizadamente acudir ante autoridades de los tres niveles de gobierno a pedir información de quién había autorizado esa edificación.
En primera instancia el abogado ARREOLA acompañado de otros vecinos acudieron ante el alcalde JUAN MANUEL GASTÉLUM, a fin de que se informara en torno a la autorización para edificar la enorme torre de departamentos.
Hoy se sabe que el arquitecto ALEJANDRO LOMELÍN, en ese entonces titular de Desarrollo Urbano Municipal, pudo ser quien indebidamente firmó la autorización de uso de suelo para el colosal edificio, el funcionario quedó separado del gobierno de Tijuana desde la primera semana del reciente julio, involucrado en actos de corrupción del Grupo Melo.
Los vecinos de colonias como Hipódromo, Chapultepec, Colinas de Agua Caliente y muchas más, contrataron los servicios de la prestigiada abogada ROSA MARÍA ROMERO, funcionaria del Poder Judicial Federal por más de 30 años y hoy el resultado es que la obra en cuestión fue frenada.
De tal manera que como una opción, abogada y vecinos acudieron al Juez de Amparo, haciendo valer entres otras garantías fundamentales la de audiencia, es decir, que para otorgar la licencia de construcción, el constructor debería de contar con la anuencia de los vecinos, también llamados propietarios de los predios colindantes. 
En este sentido la Secretaría de Administración Urbana a cargo de ALEJANDRO LOMELÍN, violento la ley, error que aprovechó la defensa de los colonos al acudir ante el Juez de Amparo.
Así pues se pudo determinar que la Empresa Constructora denominada MARIMSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, obtuvo la Licencia de Construcción ZC2016A1329, para realizar la  edificación de la torre de 20 pisos en Calle Tapachula de la Colonia Chapultepec.
A través del litigio se determinó que el jefe del Departamento de Edificación de la Dirección de Urbana del XXII Ayuntamiento de la ciudad, así como el jefe de Uso de Suelo, contestaron al Juez de Amparo, que efectivamente ellos habían autorizado la obra en, obvio después de haberle requerido el Poder Judicial de la Federación que oficialmente informaran en torno a esto.
Aunque la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, nunca contestó que se haya informado mucho menos tomado en cuenta la opinión de los vecinos para la citada edificación
El Juez Federal concedió entonces la razón a los quejosos y abogada ROSA MARÍA ROMERO, concediéndose la razón en base al artículo 163 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, el cual establece que para la autorización de acciones de urbanización a fin de la expansión o renovación urbana, es indispensable que se encuentren previstas dentro del Plan o Programa de Desarrollo Urbano vigente para la zona en cuestión, o en su defecto, se presente para su aprobación el correspondiente Programa Parcial de Desarrollo Urbano.
Asimismo el Articulo 163 deja en claro que, en los casos de acciones de urbanización para renovación, se requerirá de la conformidad expresa de los propietarios y ocupantes de los inmuebles en la zona de influencia con el procedimiento que determine el Reglamento correspondiente. 
En torno a esto, el Mtro. JORGE ESCARCEGA, presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa, dice que resulto claro, y el juzgador federal en su oportunidad el 28 de Septiembre del año en curso, concede a los vecinos la tutela constitucional, por acertadamente considerar que les fueron vulnerados Derechos Humanos y Garantías Fundamentales contempladas en el Artículo 14 Constitucional.
 
SE VIGILARÁ POSIBLE REVISIÓN
 
El líder de abogados, admite que la sentencia es impugnable mediante el llamado Recurso de Revisión que puede interponerse por el gobierno municipal de JUAN MANUEL GASTÉLUM, o  también por la Constructora denominada MARIMSA, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Para JORGE ESCARCEGA, es inviable que el Ayuntamiento siga el litigio aunque en caso de que la empresa continúe su lucha ante el Tribunal Colegiado que le toque conocer del expediente, se advierte que la comunidad jurídica estará vigilante que se confirme la acertada sentencia del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo en Tijuana.
Según los vecinos quejosos, es valiosa la opinión de abogados colegiados de la ciudad, pues tienen temor fundado de que se traten de ejercer actos de corruptela a nivel del Tribunal Colegiado en virtud de la magnitud del millonario negocio afectado por la justicia.
 
CUAL DESARROLLO SOCIAL
 
Mientras el antes gordito-cachetón y ahora delgado titular de Desarrollo Social Municipal MARIO OSUNA JIMÉNEZ, despacha en una oficina llena de lujos y suntuosidad, en contraste miles de familias a diario padecen miseria y hambre, pues los programas de ayuda a pobres, sencillamente no funcionan.
Es la misma cantaleta desde que inició su gestión, pues a principio de año en la dependencia se informa a la gente humilde que no hay dinero hasta que se aprueba el presupuesto, luego quien sabe que pasa con el dinero ahí designado por ley, pero la cuestión es que antes de finalizar el año, se repite lo mismo, no hay recursos porque ya se agotaron.
Aún así el ex diputado y ex secretario de Desarrollo Social del Estado, por cierto señalado de malversación de recursos oficiales, pregona que será candidato del PAN a la presidencia municipal de Tijuana.
 
INÚTIL Y DE MALA FAMA
 
El administrador en la delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana contador  GUSTAVO DÁVILA, es un individuo que cuando fungió como encargado de las finanzas del Instituto Nacional de Inmigración, siendo titular el ex diputado federal ANTONIO VALLADOLID, fue señalado del turbio manejo de cuotas de extorsión a bandas dedicadas al contrabando humano.
A este individuo que también fue nefasto como diputado local, por perezoso y “grillero” dentro del PAN lo acusan quienes le conocen sus “mañas” de haber mantenido nexos con gente dedicada a extorsionar a grupos de chinos que viven en Tijuana.
Actualmente el susodicho y desprestigiado empleado del gobierno del Estado, parece empecinado en buscar por cualquier medio “brincar” a la primera oportunidad a la nave del Movimiento de Regeneración Nacional, pues ha comentado que nada garantiza que el PAN gane las elecciones de 2019.
A este que es considerado un traidor en el partido albiazul, pudiera complicársele la existencia si se revisa su actuar en la oficina que mediocremente representa. 
Es cuestión de que sus jefes ANTONIO MORÁN y ANTONIO ARAIZA, le apliquen un correctivo antes de que siga cometiendo abusos y anomalías, o que de una vez le den su pasaporte “moreno”.
 
 
Tan…tan…