13 de Febrero de 2024, (20:02 hrs).-La presidenta municipal de Tijuana, Baja California,Montserrat Caballero Ramírez, ha creado una red de corrupción a través del desvió de recursos del erario para el pago de contratos millonarios de adjudicación directa que han triplicado sus costos en comparación con el mismo servicio ofrecido a otras entidades del país.
De acuerdo con documentos en poder de Grupo Imagen, la alcaldesa Montserrat Caballero y el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda pagaron más de 90 millones de pesos a la empresa Management Technology Innovations, S.C en agosto de 2023 por diversas “consultorías y asesoriamiento’’ para el manejo de un programa de contabilidad.
De acuerdo con el contrato ADQ-2023-AD-081 de adjudicación directa a la empresa Management Technology Innovations, S.C (también conocida como MTI Consultoría) obtuvo 92 millones 816 mil pesos por el concepto de consultoría y asesoramiento. A la letra de la clausura de este contrato, se señala que Management Technology Innovations, S.C, recibió el 50 por ciento del pago en efectivo y el otro 50 por ciento en 5 pagos equivalentes al 10 por ciento de lo contratado.
El pago de los 92 millones 816 mil pesos fue por el Sistema de Armonización Contable (REGER-GRP) programa de fácil implementación con su página de internet, donde únicamente se les ha brindado servicios a diversos municipios de Querétaro y al gobierno municipal de Monterrey, Nuevo León.
En el caso del ayuntamiento de Monterrey, la empresa establecida en Querétaro, Management Technology Innovations, S.C, dio el mismo servicio que en Tijuana por el monto de 3 millones 40 mil pesos de acuerdo con el contrato SIG-010-2023 celebrado en el presente año.
Cabe destacar que la empresa MIT Consulting, es cliente frecuente del municipio de Monterrey; sin embargo, sus costos por servicio no rebasan los 5 millones de pesos de acuerdo con el contrato (SAD-570-2019) que celebró el Gobierno de Monterrey y MIT en 2019.
Algo que debe de llamar la atención de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es la dirección fiscal de la empresa Management Technology Innovations, S.C, se ubica en Carlos Septién García 46, Cimatario 76030 Santiago de Querétaro, dónde únicamente se encuentra una casa que es utilizada como oficinas de asesorías educativas, un grupo ecológico, consultas y venta de productos naturales.
En el caso del domicilio para recibir notificaciones se ubica en Manuel M. Ponce 1192, Panamericano, 76046, Querétaro, donde se encuentra un edificio en renta, algo que debe de llamar la atención de las autoridades hacendarias.
La diferencia de 5 a 92 millones es abismal por el pago del mismo sistema de contabilidad que utiliza el gobierno de Monterrey y el gobierno municipal de Tijuana, algo que debe generar diversas preguntas, una de ellas porqué se asignó de manera directa, sin licitación a otras empresas.
En noviembre de 2022, Rinnova Asesores (cuyo dueño es Amir Flores Díaz, actual funcionario público en el estado de Puebla) entregó un reporte en 2022 donde favoreció al sistema REGER-GRP de la empresa Management Technology Innovations, S.C por un total de 1 millón 500 mil pesos, sin contar impuesto de acuerdo con el Contrato ADQ-2022-AD-090.
Otro desvió de recursos del erario, son 42 millones de pesos obtenidos por medio de los pases médicos en el ayuntamiento de Tijuana, aprobados únicamente por la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez.
De acuerdo con la investigación que realiza por la Fiscalía Especializada contra Delitos de Corrupción de Baja California en diciembre de 2021 y 2023 el ayuntamiento de Tijuana creó un fondo de 42 millones de pesos que entregó a cuatro asociaciones civiles que no cumplieron los requisitos y nunca pudieron, ni acreditaron los recursos entregados.
Las investigaciones por los 42 millones de pesos siguen su curso, una investigación donde se encuentra el nombre de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez y el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda, ahora hay posibilidades que se inicie otra investigación por el pago de 92 millones 816 mil pesos por un servicio, que se ha vendido a otro municipio en 3 millones de pesos.
