Autor: Elías Camhaji Medio: EL PAÍS México Fecha: 15 de mayo de 2026
Tras las medidas cautelares dictadas por la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera coordina con la CNBV una auditoría exhaustiva sobre los movimientos financieros del gobernador de Sinaloa y sus familiares.
El cerco financiero en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha estrechado de manera definitiva este viernes. Tras confirmarse el congelamiento total de sus activos bancarios y los de sus hijos por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades mexicanas han iniciado una investigación formal que busca rastrear el origen y destino de cada peso operado por el mandatario y su círculo más cercano durante los últimos cinco años.
La auditoría, coordinada estrechamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tiene como objetivo principal identificar si existen inconsistencias patrimoniales, transferencias inusuales hacia el extranjero o triangulación de recursos a través de empresas fachada. Esta acción se fundamenta en los expedientes enviados de manera preliminar por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales vinculan formalmente al político sinaloense con presuntos pagos mensuales provenientes de facciones del crimen organizado, específicamente del grupo de Los Chapitos.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron a EL PAÍS que la revisión no se limita únicamente a las cuentas personales del gobernador con licencia, sino que se extiende a cuentas comerciales de empresas ligadas a sus familiares en los ramos inmobiliario y agrícola en el noroeste del país. Los analistas financieros federales buscan comprobar si la estructura gubernamental del estado fue utilizada para dispersar recursos de origen ilícito, bajo la fachada de contratos públicos de obras y servicios.
Por su parte, la defensa legal de Rocha Moya ha calificado estas medidas como "excesivas y violatorias del principio de presunción de inocencia", argumentando que los bloqueos se realizaron sin que medie una orden judicial previa emitida por un juez mexicano. Sin embargo, los criterios vigentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permiten este tipo de congelamientos administrativos de la UIF cuando obedecen a peticiones expresas de colaboración con agencias internacionales en el marco de tratados bilaterales de combate al lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum, aunque ha defendido la necesidad de que Estados Unidos aporte pruebas sólidas en los tribunales, no ha frenado el avance de las indagatorias técnicas de la Secretaría de Hacienda. En el entorno político de Morena se asume que los hallazgos de esta investigación financiera serán determinantes para definir el futuro del mandatario sinaloense, quien se encuentra en el momento más crítico de su trayectoria pública, cercado por las acusaciones en Nueva York y por la parálisis de sus capacidades financieras dentro del territorio mexicano.
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