Autor: Elías Camhaji Medio: EL PAÍS México Fecha: 14 de mayo de 2026
La presidenta mexicana reitera que las acusaciones de la fiscalía estadounidense contra el gobernador de Sinaloa deben estar respaldadas por evidencias sólidas y no solo por dichos de testigos protegidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a marcar este jueves una postura firme frente a la cascada de filtraciones y documentos judiciales provenientes de Estados Unidos que vinculan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria insistió en que su Gobierno no actuará con base en especulaciones o señalamientos que carezcan de un sustento probatorio irrefutable. "Lo hemos dicho claramente: requerimos que, si existen pruebas reales, estas sean presentadas formalmente a través de los canales institucionales", afirmó.
La reacción de Sheinbaum se produce apenas veinticuatro horas después de que se conociera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procediera al bloqueo de las cuentas bancarias de Rocha Moya, sus hijos y otros altos funcionarios sinaloenses, una medida que, según fuentes gubernamentales, se ejecutó para cumplir con los estándares internacionales de lavado de dinero, pero que la presidencia busca desvincular de una condena anticipada. Para la mandataria, el debido proceso y el respeto a la soberanía nacional siguen siendo las líneas rojas que Washington no debe cruzar en su estrategia contra el narcotráfico.
"No basta con que un fiscal en Nueva York ponga nombres en un organigrama basándose en lo que dice un testigo cooperante que busca reducir su propia condena", señaló Sheinbaum en alusión a las recientes revelaciones de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que ubican al mandatario sinaloense dentro de una red de protección a la facción de Los Chapitos. La jefa del Ejecutivo federal recordó que, en el pasado, acusaciones similares basadas exclusivamente en testimonios terminaron debilitándose en los tribunales o generando tensiones diplomáticas innecesarias entre ambos países.
La posición de la presidenta refleja el complejo equilibrio que debe mantener su administración. Por un lado, está obligada a mostrar cooperación en el combate al tráfico de fentanilo, una prioridad absoluta para la Casa Blanca; por el otro, debe contener el costo político que significa tener a uno de los gobernadores más prominentes de Morena bajo el asedio directo de la justicia estadounidense. Sheinbaum reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe darse en un marco de igualdad y no subordinación, exigiendo que las agencias norteamericanas compartan la información de manera transparente con la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras tanto, en Sinaloa, la presión política continúa en aumento. La oposición ha arreciado sus peticiones para que Rocha Moya se separe del cargo de manera definitiva para facilitar las investigaciones, una posibilidad que hasta ahora el gobernador ha rechazado tajantemente, argumentando ser víctima de una campaña de desprestigio. La postura manifestada por Sheinbaum en Palacio Nacional le otorga un respiro político temporal al mandatario estatal, aunque deja claro que el futuro de la relación bilateral estará condicionado por la contundencia de los expedientes que Washington decida poner sobre la mesa de negociación en las próximas semanas.
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