Autor: Redacción El Financiero Medio: El Financiero
Mientras legisladores de oposición exigen que se agilice el proceso judicial, la bancada oficialista pide respeto al debido proceso y acusa tintes políticos desde el exterior.
CIUDAD DE MÉXICO.– La reciente solicitud formal de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha provocado un intenso debate en el Congreso de la Unión, dividiendo de manera tajante las posturas de las principales fuerzas políticas del país.
Por un lado, los bloques de la oposición (PAN, PRI y MC) han urgido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a tramitar con celeridad la petición estadounidense. Señalan que la gravedad de las acusaciones, que vinculan a la administración estatal con facciones del crimen organizado, amerita una respuesta contundente del Estado mexicano para evitar sospechas de impunidad.
En contraste, los legisladores de Morena y sus aliados han cerrado filas en torno a la figura de Rocha Moya, haciendo un llamado a respetar el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. Voceros de la bancada mayoritaria señalaron que las filtraciones y los requerimientos judiciales en periodos de tensión geopolítica suelen tener motivaciones políticas que buscan debilitar la estrategia de seguridad de la actual administración.
La discusión escaló también al terreno de los analistas jurídicos, quienes debaten sobre la viabilidad de la extradición de un funcionario que, aunque goza de licencia, mantiene ciertos esquemas de fuero constitucional local. Se espera que en los próximos días la cancillería mexicana emita un pronunciamiento formal sobre el estatus de la solicitud de Washington, en medio de una creciente presión mediática y ciudadana que exige claridad sobre el futuro político y legal de Sinaloa.
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