Medio: CNN en Español Autor: Rocío Muñoz-Ledo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actuando por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), oficializó la aplicación de sanciones económicas en contra de doce individuos y dos entidades comerciales presuntamente vinculados con actividades ilícitas operadas por el Cártel de Sinaloa. El despliegue de estas medidas restrictivas responde a un esfuerzo bilateral focalizado en la desarticulación de esquemas de narcotráfico y operaciones financieras ilícitas que facilitan el flujo masivo de fentanilo hacia el mercado estadounidense. De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México comunicó el inicio de un análisis corporativo y fiscal exhaustivo sobre el perfil de los sancionados, buscando identificar ramificaciones adicionales en el territorio nacional.
Las investigaciones gubernamentales, conducidas de manera conjunta con la Administración para el Control de Drogas (DEA), expusieron la existencia de dos redes de operación delictiva diferenciadas. La primera de ellas, presuntamente liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés —asociado con la facción conocida como "Los Chapitos"—, se especializaba en recolectar fuertes sumas de dinero en efectivo en territorio estadounidense para su posterior conversión en criptomonedas y transferencia hacia México. La segunda red se enfocaba principalmente en los procesos logísticos de producción y distribución de enervantes como la heroína, la metanfetamina y la cocaína. Derivado de esta resolución, se decretó el bloqueo definitivo de los bienes financieros pertenecientes a los implicados que se ubiquen bajo jurisdicción de Estados Unidos, prohibiéndose además cualquier tipo de intercambio mercantil o financiero con los mismos.
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