Cabe señalar que entre 2016 y 2019 fueron identificadas operaciones simuladas entre empresas no contratistas y firmas sí contratistas del sector público de Sinaloa. Un esquema de lavado que a un tiempo conseguía que el dinero llegara a los operadores financieros reales, lograba devoluciones fiscales, y eludía el escrutinio público.
Entre ellas se encontraron razones sociales Construcción y Diseño Nueva Era, de Mateo Rocha Rocha y Paulo Rocha Pérez; y, Grupo Total Más y Compañía, de Guadalupe Rocha Cázares y Altagracia Rocha Pérez, de acuerdo con la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) del Sistema de Administración Tributaria (SAT), consultada por EMEEQUIS.
LOS SOCIOS ADECUADOS
En el corazón de la red de empresas ligadas a los Rocha se encuentra A & R Inyecta Soluciones, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), Entidad no Regulada (ENR), que comercializa créditos, factoraje y arrendamiento financiero, de modo que tiene la posibilidad de invertir en múltiples razones sociales.
Fue creada por Ricardo Rocha Ruiz y Eduardo Aguirre Medina en septiembre de 2014, y entre otros fines, se proponía “ operar como agente o intermediario financiero y parafinanciero entre las instituciones de crédito, fondos de fomento, fondos de descuento, fideicomisos, o de cualquier otro sistema de financiamiento con quienes la sociedad haya firmado o firme el o los contratos para estos efectos (…); contratar, obtener y otorgar toda clase de préstamos con o sin garantía especial, a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras (…); tramitar y obtener dinero a título de crédito o de préstamo con o sin garantía especial por parte de instituciones financieras nacionales o extranjeras, públicas o privadas (…)”.
Un año después, en agosto de 2015, los mismos socios protocolizaron la constitución de la sociedad anónima A & R Soluciones Estadísticas, que se proponía como actividad la elaboración de encuestas, el levantamiento de sondeos de opinión y estudios de mercado, principalmente.
En esta empresa sumaron como apoderado a Luis Enrique Zamora Burgos, que de marzo de 2020 a la fecha se ha desempeñado como responsable del Órgano de Control y comisario del comité de Adquisiciones del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán (Implan).
Eduardo Aguirre Medina es, además, socio de Manocash, donde comparte la mesa del consejo de administración Manuel Ángel Rivera Urbina, socio de Pinturas Mobil de Culiacán, Ballel Comercialización, Corporativo Rivenc ―que opera casas de empeño―, y de Constructora y Mobiliaria Rivang, contratistas frecuentes éstas del gobierno de Rocha Moya.
Cabe señalar que cuando se difundieron algunos contratos de Servicios de Salud de Sinaloa, que encabeza Aguirre Medina, a Pinturas Mobil de Culiacán, en febrero del año pasado, dijo que se investigarían las asignaciones. entonces sólo se conocía la liga de Medina con Rivera Urbina a través de Menocash.
Aguirre es además socio de Valley Pack, comercializadora de maquinaria y herramienta, la cual fundó con Gerónimo Meléndez González; A&R Inyecta Soluciones y de A&R Soluciones Estadísticas, como ahora revela EMEEQUIS.
Otra de las firmas de las que salieron funcionarios es Construcciones Suaqui. Fue creada por Rubén Rocha Ruiz, hijo mayor del gobernador sinaloense, en sociedad con Luis Manuel Mercado Rosales, en octubre de 2003. Se plantearon como actividad la “nivelación de tierras, desmontes, caminos, terracerías, carreteras, pavimentaciones asfálticas y de concretos, banquetas y guarniciones”, y construcción en general.
Con la llegada de los gobiernos morenistas a Mazatlán, Mercado Rosales se convirtió en gerente de construcción y presidente suplente de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapam) de ese ayuntamiento, hasta 2022; y de entonces a la fecha es jefe del departamento de Supervisión Norte – Sur de la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa.
De la primera empresa que tuvieron los hijos de Rocha Moya, Constructora Chocosa, es socio Francisco Javier Barrón Sandoval, quien tiene dos hijos en el gobierno de Rocha Moya:
― Francisco Javier Barrón Aguayo es director de Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas.
― Fernando Barrón Aguayo es titular de la Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.
FACTURACIÓN
En 2023, la organización no gubernamental Iniciativa Sinaloa efectuó una revisión de los contratos de obra asignados entre enero de 2022 y junio de 2023 por dos dependencias que concentran el mayor presupuesto para el desarrollo de infraestructura en esa entidad: la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa.
Fue así como sacaron a la luz pública a Remco y Majolva, pues habían detectado una facturación de 505 millones de pesos sólo en esa dos dependencias y en ese periodo.
Con base en datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), EMEEQUIS detectó una facturación adicional de las empresas de la red, incluidas las dos ya mencionadas, de 117.36 millones de pesos. De modo que el conjunto de firmas ha ordeñado ya más de 622.36 millones de pesos.
Por lo que respecta a Majolva, obtuvo 11 contratos con el Ayuntamiento de Mazatlán sólo en 2022 (LP-MM-DOP-RP-2022-055, AD-MM-DOP-RP-2022-096, AD-MM-DOP-FISE-2022-095, AD-MM-DOP-FISE-2022-091, AD-MM-DOP-FISE-2022-090, AD-MM-DOP-RP-2022-063, FISE/005/004/22, FISE/005/001/22, JMA-MM-FAISM-APO-2022-AD-070, JMA-MM-FAISM-ALC-2022-AD-068, JMA-MM-RP-ALC-2022-LPE-051), dos bajo licitación y una por adjudicación directa, que en total sumaron 6.75 millones de pesos.
Además, Majolva obtuvo, después de junio de 2023, cuatro contratos de la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa (OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3008-2023, OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0808-2023, OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023, y OPPU-EST-LP-FISE-VIAL-1007-2023), todos bajos licitación, con un valor de 44.04 millones de pesos.
En cuanto a Remco, obtuvo tres contratos posteriores a junio de 2023 de la secretaría de Obras Públicas de Sinaloa (OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2802B-2024, OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1107A-2023, OPPU-EST-LP-CAPUFE-VIAL-0109B-2023), bajo licitación pública, por 16.1 millones de pesos.
Está después, de las empresas de la red ligada a los Rocha, Pinturas Mobil de Culiacán, que consiguió 18 contratos de Servicios de Salud de Sinaloa, 17 por adjudicación directa y uno por invitación a tres personas (SSS-SO-AD-033-2022, SSS/SO/AD/013/2022, SSS/SO/AD/011/2022, SSS/SO/AD/005/2022, SSS-SO-AD-066-2023, 12602022, 12582022, 11872022, 11182022, 10982022, 10922022, 10882022, 10912022, 10592022, 10372022, 10342022, SSS-SO-AD-028-2023, 0080/2023). Por dichos contratos, Pinturas Mobil de Culiacán cobró 14.46 millones de pesos.
Esta empresa también obtuvo una adjudicación directa (CV-DG-CO-006/2023) de la Comisión de Vivienda del estado de Sinaloa por 1.28 millones de pesos.
Otra de las firmas, Sueños bajo techo, fue creada por Mario Ernesto Gallardo Pérez, en sociedad con Dorisa Valenzuela Meza. El comisario de la sociedad es Édgar Jaziel Inzunza Cárdenas, quien factura obra pública por su cuenta a Servicios de Salud de Sinaloa, como persona física.
Con la Secretaría de obras, Sueños Bajo Techo consiguió una adjudicación directa de 1.18 millones de pesos (OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2604D-2024). De Servicios de Salud de Sinaloa, dicha empresa obtuvo los contratos SSS-SO-AD-051-2022, SSS-SO-AD-041-2022, SSS-SO-AD-020-2023, SSS-SO-AD-071-2023, SSS-SO-AD-IB-038-2023, y SSS-SO-AD-009-2023, por 10.36 millones de pesos. Además, tres de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa CV-DG-CO-PTGVE-001/2024, CV-DG-CO-004/2023, CV-DG-CO-001/2023), por 4.52 millones; una, del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (sin numeración) (Icatsin), por 1.54 millones; Y de Jumapa de Culiacán, consiguió los contratos (IO-84-H17-825006983-N-9-2023, AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-031 D) por 8.76 millones de pesos.
Mario Ernesto Gallardo, artífice del exitoso negocio es además comisario en el consejo de administración de Constructora y Mobiliaria Rivang. Ésta, por su parte, obtuvo cuatro contratos de Servicios de Salud de Sinaloa (SSS/SO/AD/002/2022, SSS/SO/AD/012/2022, SSS-SO-AD-031-2022, SSS-SO-AD-042-2022), por un total de 2.87 millones; uno (OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2504A-2024) de la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, por 631 mil pesos; otro, de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CV-DG-CO-PTAHO-008/2024), por el que reporta dos pagos que suman 3.30 millones; uno más, del Icatsin, sin numeración, por 1.57 millones de pesos; y hasta uno del DIF – Culiacán por 3 mil 375 pesos.
Es preciso señalar que Ballel, otra de las empresas ligadas, presenta contratos del gobierno en Sinaloa pero aparecen vacíos, es decir, sin los datos correspondientes, por loq eu no se pueden consignar.
@estedavid
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