El senador morenista, expresidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, saltó a la política de la mano del mandatario estatal. Antes de ser acusado de narcotráfico por EE UU, figuraba en las encuestas como posible candidato a gobernador en 2027
Las cosas iban viento en popa para Enrique Inzunza. Ya había tocado techo en el Poder Judicial de Sinaloa y su recién estrenada carrera política apuntaba en la misma dirección. El gobernador Rubén Rocha, oriundo del mismo municipio que él, Badiraguato, le había abierto la puerta del poder y le había convertido en su secretario de Gobierno. Era 2021 y Morena acababa de arrebatarle al PRI este Estado del noroeste mexicano, aunque Inzunza en aquel entonces no militaba en el partido. Se puso al día rápido: en dos años se afilió y en dos más se convirtió en senador de profunda convicción guinda. Ya estaba preparando su posible salto a la gubernatura de Sinaloa cuando este miércoles Estados Unidos le acusó, junto con Rocha y otros ocho funcionarios de la entidad, de tener vínculos con el crimen organizado. La bomba ha arrasado con cualquier rastro de idilio entre los políticos. Cinco años separan su nombramiento de la pregunta lanzada este jueves al gobernador: ¿daría la cara por alguno de sus funcionarios? “No, no. Cada quien, por sí mismo”. Y si te he visto, no me acuerdo.
Hasta su cruce con Rocha, Inzunza, hoy 53 años, había tenido un perfil más bien técnico. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y completó su formación con distintos diplomados y posgrados en la Universidad de Salamanca, en España, en la Suprema Corte de México y en la UNAM, en la capital mexicana. Fue ascendiendo en el escalafón judicial hasta convertirse en presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado entre 2016 y 2021. Entonces Rocha, a quien conocía de Badiraguato, se lo llevó a su gabinete y le encargó la tarea de coordinar la transición entre gobiernos, entrelazando dos destinos que ahora se vuelven a encontrar en horas mucho más bajas.
Poco a poco, Enrique Inzunza fue desplazando su perfil técnico en favor de una retórica más cercana al universo morenista. En agosto de 2023 reconocía haberse afiliado al partido en la última llamada masiva “como un acto de congruencia y de respeto” con quien era su “jefe político” y su jefe “en muchos sentidos”. “[Es] quien me dio la oportunidad, a quien admiro, a quien respeto”, argumentó en una entrevista con Línea Directa, en la que descartó que hubiera sido por una petición del gobernador. “Yo consideré que era un acto que tenía que realizar”, concluyó. En su primer informe de actividades como senador, en cambio, su discurso había ido un paso más allá, y ya hablaba de su compromiso “con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”. Desde entonces, las alusiones al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, han sido la tónica general.
Antes del miércoles aciago, las presiones a las que se enfrentaba Inzunza en su Estado natal nada tenían que ver con el narcotráfico. El entonces secretario arrastraba una acusación de acoso sexual de 2018 que le acompañó durante la campaña por el escaño. La denuncia venía de una jueza y se remitía a los tiempos en los que él presidía el Tribunal de Sinaloa. La priista Paloma Sánchez, quien también buscaba su lugar en el Senado, lo sacó a relucir durante la carrera, a lo que Inzunza respondió con una denuncia por difamación. Sánchez, que hoy también es senadora, se impuso al morenista en las instancias electorales, que concluyeron que no existía tal calumnia. Mientras tanto, la jueza que había denunciado los abusos declaró ante los medios que solo le había concedido el perdón legal por las presiones que él había ejercido en su momento, al acudir junto con su abogado a la casa de sus padres en Mazatlán.
Enrique Inzunza ganó finalmente el escaño de senador junto con su compañera Imelda Castro, hoy uno de los nombres que suenan con más fuerza para competir por la gubernatura de Sinaloa en 2027. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el propio Inzunza, ambos delfines de Rocha, también figuraban como potenciales corredores en el Estado, pero ambos han sido fulminados por las acusaciones que han llegado desde el país del norte.
Hasta que el caso estalló esta semana, Enrique Inzunza ―cercano a senadores como el tabasqueño Adán Augusto López, sobre el que también penden sospechas de corrupción―, había ocupado un papel nada desdeñable en la Cámara Alta. Es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos e integra también las comisiones de Defensa Nacional, de Justicia, de Derechos Humanos, la Jurisdiccional y la de Gobernación: un buen pedazo del corazón de la política mexicana.
Este mismo martes, apenas horas antes de que Estados Unidos sacara su as en la manga, Inzunza salió a la tribuna del Senado a pronunciar un duro discurso contra el Gobierno de Chihuahua, en poder del opositor PAN. La gobernadora panista Maru Campos llevaba protagonizando las sesiones en la Cámara Alta más de una semana por su presunta colaboración con la CIA para desmantelar un narcolaboratorio en el Estado sin conocimiento ni autorización del Gobierno federal. “La historia de México es la historia de la lucha por su soberanía”, abría entonces su intervención. El senador se ha aferrado a ese mismo posicionamiento para justificar la investigación de la Justicia estadounidense, que ha caído en el partido oficialista como una jarra de agua helada.
“El día de ayer, en nombre de nuestro grupo parlamentario, defendí el principio de la soberanía nacional, con motivo de la ilegal actuación de agentes del Gobierno norteamericano en el territorio nacional (...). Hoy, casualmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra”, ha expresado en sus redes sociales. Esa ha sido la principal defensa de Morena, que lejos de aceptar el marco de la lucha contra el narcotráfico, ha circunscrito las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en una batalla por la soberanía que se ha recrudecido con el episodio de Chihuahua. México se niega a que entren soldados estadounidenses en el país y Estados Unidos no acepta la negativa, argumentan en la órbita morenista.
Los cargos a los que se enfrentan, que tienen una pena mínima de 40 años y pueden llegar a la cadena perpetua, incluyen conspiración con el Cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de droga a Estados Unidos a cambio de sumas millonarias de dinero. En el escrito de acusación, además, el fiscal acusa a Inzunza y a Rocha de haberse encontrado con diversos líderes de los Chapitos, una de las facciones del cartel, antes y después de las elecciones de 2021, en las que Rocha se hizo con la gubernatura. En el encuentro posterior a la victoria, siempre según el documento oficial, discutieron que la policía estatal quedara bajo el control de la banda criminal, que había asegurado el éxito de la campaña del político.
Tanto la Secretaría de Exteriores de México como la presidenta mexicana han salido en defensa del gobernador de Morena y han denunciado la falta de pruebas en su contra. Igual que el propio Inzunza, Sheinbaum ha añadido al marco de la soberanía el “estigma” que pesa sobre las gentes de Sinaloa, cuna de algunos de los capos más importantes de México. “En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, ha dicho el senador. El partido ha cerrado filas en torno a Rocha, que se ha negado a renunciar. Él, en cambio, solo está dispuesto a defenderse a sí mismo. Enrique Inzunza, ya sin su “jefe”, se ha parapetado tras la pantalla de su computador. Su destino vuelve a estar ligado al del gobernador, pero este ha lanzado un mensaje claro: “Cada quien, por sí mismo”.
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