Autor: Georgina Zerega Medio: El País
La Secretaría de la Función Pública no ha logrado concretar sanciones contra el actual secretario de Economía tras las denuncias por presunto uso indebido de recursos públicos en el Reino Unido.
La investigación abierta contra Marcelo Ebrard por el presunto uso irregular de la residencia oficial de la Embajada de México en Londres ha entrado en una fase de estancamiento administrativo. A casi dos años de que se hicieran públicos los señalamientos sobre la estancia prolongada de uno de sus hijos en la sede diplomática mientras Ebrard encabezaba la Cancillería, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha emitido una resolución definitiva, dejando el caso en lo que analistas califican como un "limbo jurídico".
El expediente se originó tras diversas auditorías que sugerían que el hijo del entonces secretario de Relaciones Exteriores utilizó las instalaciones y servicios de la residencia oficial en la capital británica sin contar con un cargo diplomático ni justificación oficial. La denuncia ciudadana que impulsó el caso señalaba que los gastos derivados de esta estancia fueron cubiertos con presupuesto público destinado a la representación diplomática de México en el exterior.
A pesar de la presión mediática y las constantes solicitudes de información, la SFP ha mantenido una postura de hermetismo. Fuentes internas de la dependencia aseguran que el proceso se ha visto ralentizado por la dificultad de obtener pruebas concluyentes desde el extranjero y por los recursos legales interpuestos por la defensa del funcionario. “El caso no está cerrado, pero tampoco presenta avances significativos que permitan anticipar una sanción”, admite una fuente bajo condición de anonimato.
Por su parte, Marcelo Ebrard, quien actualmente se desempeña como secretario de Economía en el gabinete de Claudia Sheinbaum, ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad. El funcionario ha sostenido que las visitas de sus familiares no representaron un costo adicional para el erario y que siempre se respetaron los protocolos de la embajada. Desde su entorno cercano, califican la investigación como un "refrito" utilizado con fines políticos para desgastar su imagen pública.
El estancamiento del caso en la Función Pública ocurre en un momento en que el Gobierno federal ha prometido tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo. Sin embargo, la falta de resultados en investigaciones que involucran a figuras de alto perfil dentro del movimiento oficialista genera cuestionamientos sobre la imparcialidad de los órganos de control interno.
Mientras tanto, el expediente permanece en los archivos de la SFP a la espera de un nuevo impulso procesal. Para la oposición, el limbo en el que se encuentra la investigación es una muestra de impunidad selectiva, mientras que para el oficialismo es una prueba de que los señalamientos carecen de sustento jurídico real. Por ahora, el paso del tiempo parece ser el mejor aliado de Ebrard en esta controversia administrativa.
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