LA ESTADÍSTICA POLÍTICA | Por Sergio Trochez Reza
Jueves 3 de septiembre de 2026 - La senadora mexicalense con licencia Julieta Andrea Ramírez Padilla se encuentra en la etapa más complicada en su búsqueda por obtener la candidatura del partido político Morena a gobernadora de Baja California.
Sus hechos y las denuncias de tres partidos políticos opositores han puesto de manifiesto los irregulares actos en los que ha caído la legisladora, al evidentemente haber violentado la ley electoral.
Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) unieron fuerzas ante las autoridades para frenar la promoción de la senadora.
Las tres organizaciones demostraron que la gran cantidad de anuncios instalados por todo el estado rompió las reglas del juego limpio que exige la ley.
La autoridad electoral les dio la razón y ordenó el retiro inmediato de toda la publicidad que el equipo de la funcionaria colocó en las calles.
Esta orden obliga a quitar de forma total los espectaculares, lonas y pintas de bardas que ya cubrían los siete municipios de la entidad.
La resolución de la autoridad frena en seco la campaña de imagen que la legisladora instaló para ganar simpatías entre la población.
Este freno representa un golpe directo a su proyecto, justo cuando se encuentra en la lista final para definir la coordinación de su partido en el estado.
Obtener esa coordinación es el paso previo y necesario para convertirse en la candidata oficial a la gubernatura de Baja California.
Tras la orden de limpiar las calles de su publicidad, queda en el aire una pregunta que exige una respuesta clara por parte de las autoridades.
¿De dónde salieron los recursos para tapizar el estado con anuncios de la senadora y quién pagó la producción de todo ese material?
La Unidad de Fiscalización electoral tendrá que revisar las cuentas para aclarar el origen del dinero utilizado en esta movilización masiva.
Por otro lado, la presión política aumentó este miércoles durante una conferencia de prensa organizada por la oposición en el estado.
Lizbeth Mata Lozano, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, anunció que las acciones legales de su partido no terminarán con el caso de la senadora.
La dirigente informó que también presentarán denuncias penales en contra de otros dos personajes que buscan el mismo cargo.
Las nuevas denuncias van directo contra Ismael Burgueño Ruiz y Jorge Ramos Hernández, quienes también compiten por la candidatura de Morena al gobierno estatal.
Por cierto único: Independientemente de que está claro que Julieta, Burgueño y Ramos han violado la legislación electoral, llegará el momento en que se investigue de dónde sacaron los recursos económicos para tan gran cantidad de publicidad.
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ARIEL LIZÁRRAGA DA EL PRIMER MANOTAZO EN EL GABINETE
Quien ya dio el primer manotazo en la mesa es el nuevo coordinador general de gabinete del Gobierno del Estado, Ariel Lizárraga Montero. El funcionario se encargó directamente de operar el despido de Salvador Cervantes Hernández, ahora exdirector de Protección Civil en Baja California, designando de inmediato a Ignacio Lozoya Morales en su relevo para tomar el control de esa sensible área.
Dicen los que saben que la llegada de Lizárraga a la coordinación de gabinete provocará que sigan cayendo más cabezas en las próximas semanas dentro de la estructura estatal. Su incorporación busca ajustar las tuercas en dependencias clave donde se requiere un control estricto y resultados inmediatos de cara al cierre de la gestión.
Con este movimiento, el coordinador general está demostrando una mano dura que, según fuentes internas, mantendrá firme durante los meses por venir. Esta línea de acción marcará el ritmo del equipo de trabajo hasta el 31 de octubre del año entrante, fecha en la que concluye formalmente la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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