Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- María Eugenia Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua, y sus aliados trazan el camino para una reforma que, cuando deje la gubernatura en 2027, le permita tener en la Fiscalía de la entidad un aliado que dure ocho años en el cargo. En esa ruta aparece uno de los hombres de confianza de la mandataria: Gilberto Loya Chávez, su actual Secretario de Seguridad, quien quedó fuera de la carrera por la candidatura panista a la gubernatura y hace poco más de mes tramitó cédulas profesionales en Derecho.
Para lograr este objetivo hay dos actores clave: el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, cuyos votos serán determinantes para que la reforma constitucional pueda avanzar. Aunque ambos partidos son aliados de Morena, en Chihuahua han mostrado que no siempre acompañan al partido guinda en sus votaciones. Incluso, en diciembre pasado, sus diputados votaron a favor del endeudamiento por tres mil millones de pesos solicitado por la mandataria.
“En el Congreso del Estado, el PAN y sus aliados, Movimiento Ciudadano, PRI, MC y el Verde, van a cambiar la Constitución para elegir a un Fiscal estatal autónomo durante 8 años. Y ya hasta le inventaron una licenciatura y una maestría a Gilberto Loya, que es el Secretario de Seguridad estatal”, alertó en entrevista el periodista José Pérez Espino.
El periodista considera que la propuesta forma parte de una estrategia de blindaje que también ha incluido otros nombramientos. A finales de 2025, el Congreso del Estado de Chihuahua reeligió por unanimidad, incluso con el voto guinda, a Héctor Alberto Acosta Félix como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para un segundo periodo de siete años, por lo que permanecerá en el cargo hasta 2032.
“Esto fue en diciembre de 2025, inclusive con el voto de Morena, o sea, la Gobernadora va a dejar todo el equipo de investigación de corrupción para garantizar impunidad transexenal”, abundó el periodista.
El analista y activista Jaime García Chávez– quien ha denunciado el vínculo de la Gobernadora con el exgobernador César Duarte y con el grupo de políticos al que llama el “Maru Duartismo”– coincidió en el alertamiento.
“Creo que evidentemente María Eugenia Campos debe estar buscando cómo blindarse porque pues no sabemos muchos de los negocios de Estado, que pueden llegar a destaparse sobre todo si se diera una alternancia”, expuso el activista.
En tanto, Jael Argüelles, diputada local de Chihuahua y quien pertenece al grupo parlamentario de Morena coincidió en que, por la forma en que está formulada y redactada la iniciativa enviada por el PAN, se busca una protección.
“A partir de la iniciativa del PAN lo que nosotros podemos deducir es que lo que se pretende en realidad es una fiscalía carnal, porque efectivamente parece tener una dedicatoria, además con un enorme tinte político porque incluso vemos que, dentro de las exigencias ni siquiera se pide como un requisito forzoso el tener un título profesional de derecho debidamente registrado. Ahora puedes tener ese título o bien puedes tener 5 años de ejercicio profesional en seguridad, en procuración de justicia, en prevención o en investigación de delitos, es decir, [con esta iniciativa] sí se busca un perfil en específico o se busca arropar a un hijo pródigo del PAN para ellos no tener que asumir con consecuencias el desastre que han generado a través de un gobierno opaco, caracterizado muchísimo por el privilegio y el despilfarro”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Y es que, además de la investigación que realiza la FGR por la presunta participación no autorizada de agentes de la CIA y una posible invasión de competencias federales durante el operativo de abril en la sierra de Chihuahua, la Gobernadora María Eugenia Campos acumula otros señalamientos. El más reciente, por ejemplo, es el endeudamiento del estado.
En diciembre de 2025, el Congreso de Chihuahua aprobó – con los votos del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT– un nuevo crédito por 3 mil millones de pesos para el Gobierno estatal, destinado a reestructurar más de 16 mil millones de pesos de deuda contratada durante la administración pasada. El paquete también incluyó un aumento de 33 por ciento al Impuesto Sobre Nómina.
También está el caso de una empresa inmobiliaria en la que Campos tiene 98 por ciento de participación y que recibió contratos de su propia administración. La misma compañía figura como propietaria de uno de los lotes de "La Mansión Dorada", su residencia particular, de acuerdo con lo documentado por SinEmbargo. Incluso sobre ese tema, el pasado 30 de junio la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debía investigar tanto la propiedad como la empresa.
Y es que, si bien "La Mansión Dorada" le fue heredada por su fallecido esposo, Cruz Russek, hay que recordar que él y sus hijos,–Mónica Patricia y Víctor Manuel Cruz Fierro– son socios de dos distribuidoras que entre 2022 y 2025 obtuvieron más de 470 millones de pesos en contratos del gobierno estatal y del Poder Judicial de Chihuahua. Ambas fueron señaladas por la ASF por posible colusión, al participar como compañías distintas pese a estar vinculadas con los mismos socios, pero continuaron obteniendo contratos en 2023, 2024 y 2025.
La operación para intentar modificar la Constitución de Chihuahua y establecer un fiscal a modo se formalizó el pasado 6 de agosto. Los diputados José Alfredo Chávez Madrid, del PAN, y Francisco Adrián Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, presentaron la iniciativa, que establece que el Ejecutivo estatal envíe una terna para elegir al Fiscal.
Se plantea que el titular de la Fiscalía General del Estado permanezca ocho años en el cargo y, además, tenga opción a reelegirse por otro periodo de ocho años. La propuesta también establece el mecanismo para elegirlo: el Ejecutivo estatal enviaría una terna para que, a partir de ella, se designe al responsable. Es decir, de aprobarse la reforma durante la actual administración, sería Maru Campos quien enviaría esa terna y el fFscal que resulte electo permanecería en el cargo hasta 2034.
En torno a esta propuesta también aparece el nombre de Gilberto Loya Chávez, quien le abrió las puertas de la Torre Centinela a agencias estadounidenses, como la propia CIA, el FBI y la DEA. Hasta hace unas semanas, Loya era uno de los perfiles que se promovían para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura del estado, como lo documentó SinEmbargo en la nota titulada ¨El policía panista que quiso darle oficina a CIA, ICE y DEA quiere gobernar Chihuahua¨.
No obstante, las aspiraciones del policía de Maru Campos no rindieron fruto. El panismo de Chihuahua se decantó por el Alcalde de la capital, Marco Bonilla, como su perfil para buscar la candidatura a la gubernatura y, con esta definición, Loya quedó fuera de esa contienda interna. Ahora su nombre aparece relacionado con la discusión sobre la Fiscalía.
“Gilberto Llorente dejó de competir por eso, porque la Gobernadora lo quiere dejar de Fiscal carnal”, destacó Jorge Espino en entrevista.
Otro elemento que ha levantado las sospechas es la formación profesional del Secretario de Seguridad. “Porque él, por ejemplo, todos sus documentos los firma como ingeniero [...] pero no es licenciado en Derecho. Y apenas hace poquito registró estudios como licenciado en Derecho en una universidad patito de Chihuahua, que ciertamente tiene registro en la SEP [Secretaría de Educación Pública], pero que es, pues, desconocida”, abundó Pérez Espino.
La constancia de situación profesional de la SEP y encontró —además de sus estudios como ingeniero— dos cédulas expedidas por el Instituto Universitario Amerivent México el 3 de julio de 2026. De acuerdo con la constancia de situación profesional, la licenciatura en Derecho tiene como fecha de titulación enero de 2016, mientras que la maestría en Derecho Penal y de Amparo tiene como fecha enero de 2019. Así, aunque el registro expone que los estudios fueron concluidos años antes, las dos cédulas profesionales fueron expedidas el mismo día.
“No sé si haya hecho por correspondencia la carrera de Derecho, como el Tesorero aquí del estado, el Secretario de Hacienda, quien hizo su carrera pues en una universidad patito, yo no creo que eso sea factible”, agregó el activista Jaime García Chávez.
Pero para que el PAN en Chihuahua pueda lograr su objetivo hay dos actores clave: el PT y el PVEM. Y es que, al tratarse de una modificación constitucional, se necesitan las dos terceras partes, es decir, al menos 22 votos.
El PAN tiene 13 diputados; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres, y Movimiento Ciudadano, dos. Es decir, estos tres partidos suman 18 legisladores que se prevé que voten a favor, ya que, aunque Movimiento Ciudadano no forma parte de la alianza entre PAN y PRI, uno de sus diputados participó en la presentación de la iniciativa junto con los legisladores panistas. Morena, por su parte, cuenta con 11 diputados que votarían en contra.
“Nosotros como Morena estamos convencidos de que no podemos tolerar una reelección de ese tipo, menos cuando el método de selección es a través de que el Poder Ejecutivo dé una terna para votación al Congreso, porque estamos diciendo que al fin y al cabo no vamos a tener ningún fiscal realmente autónomo en el momento en el que estamos centralizando la elección en el Poder Ejecutivo y, además, digámoslo así, estamos viendo cómo en su desesperación y en su miedo están tratando de generar mecanismos a partir de los cuales ellos puedan permitirse una salida”, dijo la legisladora de Morena.
Los números dejan claro dónde están los votos que hacen falta: con Morena en contra tendrían que salir de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.
La Diputada Jael Argüelles considera que ambos podrían votar en contra porque son aliados de la 4T y han mostrado afinidades con quienes buscan la candidatura de Morena a la gubernatura. No obstante, hay un antecedente: en diciembre de 2025 sus diputados votaron a favor del crédito de 3 mil millones de pesos solicitado por Maru Campos, mientras que Morena se opuso.
Fiscales transexenales que no han funcionado
Las fiscalías autónomas y transexenales no son una novedad. El problema que arrastran las fiscalías estatales y la FGR viene de décadas atrás, cuando las procuradurías funcionaban como herramientas políticas, por lo que en 2014 se impulsó la autonomía constitucional en estos órganos de justicia como un mecanismo para desarraigar ese viejo modelo, pues se aspiraba a que las fiscalías fueran independientes e imparciales y que sus decisiones se basaran en pruebas y no en motivaciones políticas.
Sin embargo, no se ha logrado ese objetivo con las fiscalías autónomas estatales en México, ya que estas han sido utilizadas institucionalmente para blindar a los gobernadores frente a investigaciones por corrupción o desvío de recursos públicos.
Un reportaje ¨Los estados también gestaron sus propios Gertz sin rendición de cuentas y amiguismo¨ publicado en este medio muestra cómo la transición jurídica hacia organismos supuestamente independientes terminó, en la práctica, creando esquemas de impunidad y amiguismo donde los mandatarios locales imponen a “fiscales a modo” por periodos prolongados.
Casos como el del exfiscal Gertz Manero y el de otros fiscales “transexenales” controversiales —como Irving Barrios Mojica, Jorge Winckler y Carlos Zamarripa— han evidenciado cómo la autonomía constitucional ha sido pervertida para mantener el control político y blindar a funcionarios.
“Tienes autonomía de jure (en la Ley), pero no tenías autonomía de facto (en los hechos). Las personas que nombraban seguían siendo de alguna manera supeditadas a la presidencia. Y eso pasaba en lo nacional y pasa de todas maneras en las locales”, señaló al respecto Luis Daniel Vázquez, profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ese texto.
Sobre este tema y, en particular, del caso de Chihuahua, Jaime García Chávez coincide: “Ahí estamos a años luz de una cultura real que le dé auténtica autonomía. Yo creo que ese tema ya tan viejo, el de la autonomía de las fiscalías, en la de Chihuahua tiene un cierto rango porque la fiscalía de Chihuahua la elige actualmente el Congreso, pero son autonomías ficticias. Lo digo por experiencia, yo he luchado mucho por las autonomías aquí en Chihuahua, pero no la hay. No hay Fiscal que se le pare a la Presidenta o al Presidente de la República o al Gobernador o Gobernadora en un asunto nodal para la sociedad”.
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