Medio: Reporte Índigo Autor: Redacción Reporte Índigo
El panorama para el ejercicio de la libertad de prensa en México se tornó aún más complejo tras revelarse un alarmante repunte en las estrategias de asfixia legal. Los registros correspondientes al año 2025 confirman una preocupante tendencia al alza en los casos de acoso judicial dirigidos de forma directa contra periodistas individuales y colectivos de medios de comunicación. Organizaciones civiles internacionales y locales abocadas a la protección de los derechos informativos denunciaron que esta maquinaria de presión legal es operada de forma abrumadora desde el poder, señalando que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— junto con actores de partidos políticos, impulsaron el 74% del total de los expedientes documentados.
El informe detalla una evolución en las tácticas de silenciamiento. Debido a que las reformas legislativas previas lograron despenalizar a nivel federal los delitos de prensa tradicionales como la difamación, las injurias y la calumnia, quienes buscan frenar la difusión de información incómoda han sofisticado sus métodos recurriendo de manera sistemática a otras vías del derecho. Las demandas por daño moral mediante la vía civil se han convertido en la herramienta predilecta, exigiendo indemnizaciones económicas desproporcionadas. Asimismo, se ha detectado una instrumentalización creciente de las leyes de carácter administrativo y, de manera muy recurrente, de los marcos normativos de la justicia electoral, utilizando figuras como la violencia política de género para forzar medidas cautelares que obligan a bajar notas informativas o censurar debates de interés público.
Este esquema de persecución institucionalizada no persigue necesariamente la obtención de una sentencia condenatoria firme, sino el desgaste multifactorial del comunicador. Los periodistas y los medios independientes se ven obligados a desviar recursos económicos considerables para costear defensas legales prolongadas, al tiempo que dedican horas de trabajo a atender audiencias y requerimientos en lugar de a sus labores informativas. El efecto inmediato de este hostigamiento es la instauración de una censura indirecta por temor a represalias financieras, obstaculizando las investigaciones periodísticas ligadas a redes de corrupción local, desvío de recursos públicos y abusos de autoridad, lo que debilita la fiscalización ciudadana en las regiones más vulnerables del país.
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