Autor: Alma E. Muñoz y Enrique Méndez Medio: La Jornada
El grupo parlamentario en San Lázaro acusa a la gobernadora de Chihuahua de comprometer la soberanía nacional tras operativos de la DEA en la entidad.
La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados demandó este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación formal en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien acusan de haber facilitado y provocado la intervención de agentes de agencias de inteligencia extranjeras en territorio estatal sin el debido protocolo de coordinación federal.
A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, los legisladores guindas señalaron que los recientes operativos realizados por elementos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Ciudad Juárez y la capital del Estado, no contaron con el acompañamiento de las fuerzas federales mexicanas, lo que constituye una violación directa a la Ley de Seguridad Nacional.
"La gobernadora Campos ha actuado de manera irresponsable, entregando la soberanía de Chihuahua a intereses extranjeros en un intento desesperado por ocultar su incapacidad para frenar la violencia en la entidad", afirmó el diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada. Según el documento presentado, existen indicios de que la administración estatal estableció canales de colaboración paralelos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ignorando los mecanismos establecidos por el Gobierno de México.
Morena argumenta que esta "diplomacia local" pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de los ciudadanos, al permitir que agentes extranjeros operen con total libertad en zonas críticas. Los legisladores recordaron que, bajo las reformas aprobadas en años pasados, cualquier agente extranjero en México tiene límites estrictos y la obligación de reportar todas sus actividades a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por su parte, desde el Palacio de Gobierno en Chihuahua, la oficina de Maru Campos rechazó las acusaciones, calificándolas de "persecución política" y asegurando que la colaboración con las autoridades del país vecino se da estrictamente bajo los marcos de convenios internacionales de seguridad y combate al narcotráfico.
No obstante, el bloque oficialista en el Congreso insistió en que no se puede permitir que un mandatario estatal actúe como un "ente autónomo" en materia de política exterior y seguridad estratégica. "Lo que ha sucedido en Chihuahua es un precedente peligroso. No vamos a permitir que se vulneren nuestras leyes por acuerdos cupulares fuera de la ley", sentenció la bancada de Morena, que adelantó que solicitarán la comparecencia de los titulares de seguridad del Estado para aclarar el alcance de estos operativos extranjeros en suelo chihuahuense.
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