Enrique Méndez Álvarez
Una nueva macro estafa se cierne en contra de centenares de miles de familias en Tijuana, sin que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Marina del Pilar, hagan algo para evitar esta acción que permitiría embolsarse millones de dólares a funcionarios, políticos, abogados y a un grupo de falsos ejidatarios que gozan a impunidad oficial.
Esta vergonzosa ilegalidad ha sido permitida por gobiernos de extracción panista que en vez de combatir a los saqueadores de gente humilde, por el contrario permiten que instituciones de vivienda, realicen cobros que convierten en ricos a quienes ingresan al gobierno siendo pobres.
Entre los que han despojado de su dinero a familias de comunidades como, Maclovio Rojas y Ejido Francisco Villa, sobresale Bernardino Sevilla, un pseudo ejidatario que ejerciendo actitudes de cacicazgo, a la fecha sigue siendo señalado de quedarse con dinero que no le pertenece, y para ello cuenta con el Tribunal Agrario y otros funcionarios corruptos.
Las fechorías de Sevilla, han sido apuntaladas por funcionarios de gobernantes como Eugenio Elorduy, José Osuna Millán, Francisco Vega, y ahora por gente del gabinete de Marina del Pilar, como Catalino Zavala, que desde la Secretaría General del Gobierno del Estado, sigue enriqueciéndose a costa de la gente pobre.
El tristemente célebre “Berna” Sevilla, por sus pistolas, se ha autoimpuesto como presidente del Ejido Francisco Villa, y desde ahí “pilotea” al apodado “ratalino” Zavala, y a la banda de abogados que al margen de la ley, pero con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Administración Urbana, elaboran títulos que llevan como meta recolectar 2 billones de pesos.
Entre las zonas a esquilmar, están Terrazas del Valle, Colonia 3 de Octubre, Ejido Villa, y Maclovio Rojas, sin embargo, sospechosamente nadie de la federación, ni del gobierno del Estado, intervienen para frenar esta abominable fechoría.
Entre las autoridades del Tribunal Agrario, que permanecen como espectadores, por así convenirles, están Ricardo García González, Margarita Cisneros Ramírez, y Albertico Robles Coronado.
Pero si de señalar a alguien con amplia facultad para evitar la estafa referida, es al arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, en el gobierno federal, pues a él se le señala de estar permitiendo el perjuicio a las miles de familias tijuanenses aquí referidas.
