Autor: Por Redacción CNN Medio: CNN en Español.
La presidenta de México enfatizó que su gobierno no protege a nadie, pero advirtió que para cualquier detención es indispensable cumplir con la ley y los tratados internacionales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a las declaraciones del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien aseguró que el Departamento de Justicia continuará presentando acusaciones contra políticos y funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue enfática al exigir que el gobierno estadounidense sustente sus señalamientos con evidencia tangible. “Envíen pruebas, porque el tratado de extradición o de confianza mutua, de colaboración, pues tiene que ver con que se envíen pruebas. Lo he dicho yo muy claramente: nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana”, declaró Sheinbaum.
Estas declaraciones surgen luego de que Blanche, en una entrevista reciente, confirmara que tras las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios, “vendrán más” casos similares que involucran incluso a miembros del Poder Judicial en México. El fiscal interino señaló que estas acciones forman parte de la estrategia endurecida de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga.
Sheinbaum Pardo aprovechó el espacio para cuestionar la reciprocidad en la relación bilateral de seguridad. Señaló que mientras México ha entregado a más de 90 personas perseguidas por la justicia estadounidense, Washington no ha respondido a las solicitudes mexicanas para extraditar a individuos vinculados con el robo de combustible (huachicol) y el caso Ayotzinapa.
“También queremos que ellos cooperen. México ha enviado a personas que estaban en las cárceles mexicanas; nosotros hemos pedido que ellos envíen a cerca de cuatro personas vinculadas al tema de huachicol y no han enviado a nadie. Entonces, es una responsabilidad compartida”, subrayó la jefa del Ejecutivo.
La presidenta reiteró que, aunque existe comunicación y coordinación con las autoridades del país vecino, su administración no permitirá la injerencia ni la intervención en asuntos políticos internos. Insistió en que cualquier proceso legal debe seguir los criterios del sistema penal acusatorio y los principios constitucionales de México.
Finalmente, descartó por el momento una comunicación directa con el presidente Donald Trump sobre este tema en particular, dejando la relación en manos de los canales diplomáticos y de seguridad ya establecidos, siempre bajo el marco del respeto a la soberanía nacional.
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