07 de Enero de 2024, (12:40 hrs).-Después de casi 30 años de lucha, la comunidad maya de Santa Maria Chi, en Yucatán, está cerca de un logro histórico, luego de que las autoridades judiciales del estado establecieran una suspensión provisional a la mega granja de cerdos propiedad de la familia Loret de Mola que les ha contaminado todo este tiempo.
La empresa apeló la decisión, pero el tribunal desechó los recursos legales y será el próximo 9 de enero que se defina si la suspensión es definitiva.
Según narra el periodista Patricio Eleisegui en Pie de Página, el establecimiento reúne a más de 42 mil cerdos y, en los últimos 15 años, su funcionamiento habría generado la contaminación total de las reservas de agua y el ambiente de Santa Maria Chi.
Fue el miércoles 13 de diciembre que se notificó la vigencia de la suspensión, por parte del Instituto Federal de Defensorio Pública (IFDP), mediante un comunicado.
Dicho organismo mencionó la intervención de la Jueza Cuarta de Distrito en Mérida “luego de que el pasado 28 de noviembre de 2023, niñas, niños y adolescentes de Santa Maria Chi, presentaran una demanda de amparo en contra de la Semarnat, Profepa, el Gobierno de Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Alcalde de Mérida y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento por la operación y funcionamiento de la granja de cerdos…”.
El IFDP indicó que la Jueza admitió y concedió la suspensión provisional para el efecto de que “las autoridades responsables en el ámbito de su competencia ordenen la inmediata paralización de operaciones de la citada granja, esto incluye detener la introducción de más cerdos a la granja”.
También se señaló que las autoridades judiciales del estado llamaron “a juicio como terceras interesadas a las empresas Pecuaria Peninsular SPR de RL de CV, Chumoxil SA de CV y a Grupo Porcícola San Gerardo”.
San Gerardo y los daños ocasionados
San Gerardo es la empresa que ejerce el control de la mega porcícola que funciona en Santa Maria Chi, cuyos representantes legales son Francisco José Loret de Mola y Oswaldo Loret de Mola Codwell.
Según la demanda de amparo, existen varias “violaciones al derecho a la salud, el agua y el medioambiente sanos” por parte de la porcícola, delitos que justifican la decisión judicial notificada en días recientes y que abona a la posibilidad de la suspensión definitiva que podría cobrar forma próximamente.
En diciembre pasado, el subcomisario de Santa Maria Chi, Wilbert Nahuat Puc mencionó en una rueda de prensa que en mayo de 2023 San Gerardo hizo varias quemas de excretas de cerdos, ocasionando “problemas respiratorios, faringitis, bronquitis, asma y rinitis” entre la población.
Agregó que la comunidad lleva más de ocho meses reclamando que sea atendido el desastre ambiental que padece, “sin recibir respuesta” alguna por parte de las autoridades gubernamentales de Mérida, incluido el presidente municipal Renán Barrera Concha.
“Estamos dando un paso adelante como comunidad. No nos vamos a dejar intimidar por defender nuestros derechos. Nos denigran por ser pobres, por no saber leer, por ser ignorantes, y piensan que apenas somos unos cuantos. Pero sabemos que como pueblos originarios tenemos derechos locales, nacionales e internacionales. Esto es, convenios y tratados que no dan a conocer porque quieren que el pobre quede más pobre y que carezcamos de educación en estos temas”, recalcó.
También mencionó que “la falta de regularización ambiental de esta granja deja al descubierto la corrupción, la falta de interés por solucionar problemas ambientales, jurídicos y administrativos” por parte de poder político de Mérida, en particular y del estado en general.
Santa Maria Chi, dijo, podría correr el destino de otro territorio sacrificado para el enriquecimiento de las familias que, a modo de feudo, mandan en Yucatán.
Falta de control y atropellos
El periodista destaca que San Gerardo opera como proveedora de Kekén, la compañía de Grupo KUO, que monopoliza la producción de carne de cerdo en la Península de Yucatán.
Desde mayo y hasta diciembre pasado, el periodo de profundización de la resistencia a la mega factoría que existe en la comunidad, la empresa de los Loret de Mora ha desplegado una estrategia de amedrentamiento que incluye desde la persecución judicial a Nahuat Puc, e incluso el seguimiento a vecinos de Santa Maria Chi por las calles del pueblo y la filmación forzada e ilegal de dichas personas.
Lo que ahora las autoridades han decretado podría ser el inicio de una solución contundente a favor de la comunidad maya, “víctima indiscutible de un ecocidio derivado tanto del accionar impune de la porcícola como de la convivencia del poder político que predomina en Yucatán”, menciona el periodista.
