Fiscales estadounidenses acusan a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios en activo de apoyar a organizaciones criminales a cambio de dinero y votos.
Fiscales de Estados Unidos acusaron el miércoles a un gobernador mexicano y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos de participar en una amplia conspiración para ayudar a un poderoso cártel mexicano a importar drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y votos.
En un acta de imputación que se dio a conocer el miércoles, los fiscales de Manhattan dijeron que el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había aceptado sobornos y ayuda para ser elegido a cambio de proteger a la organización criminal dominante en su estado, el cártel de Sinaloa, que durante años ha aterrorizado a sus electores.
Los fiscales alegaron que otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos —entre ellos un senador mexicano y un destacado alcalde— también habían aceptado sobornos para proteger a miembros del cártel de las detenciones y les habían facilitado información.
En un comunicado, Rocha negó las acusaciones, que calificó que “carecen de veracidad y fundamento alguno”, y dijo que eran un intento de Estados Unidos de violar la soberanía de México y atacar a su movimiento político de izquierda, dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La acusación es el paso más significativo del gobierno del presidente Donald Trump en su lucha contra la corrupción gubernamental que, según ha dicho, está en el meollo del problema de los cárteles mexicanos.
Rocha es el miembro de más alto rango de Morena, el partido político dominante en México, que ha sido imputado por Estados Unidos. La medida podría abrir una brecha entre los gobiernos estadounidense y mexicano justo cuando están intensificando su cooperación en la lucha contra los cárteles que han matado a miles de mexicanos y han amasado fortunas con el contrabando de drogas a Estados Unidos.
Rocha, de 76 años, es un aliado del partido de Sheinbaum y de su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos meses, Rocha venía enfrentando acusaciones de corrupción cada vez más graves y había recibido el respaldo público de funcionarios de Morena.
Sheinbaum ha dirigido una agresiva campaña contra los cárteles de México, pero se ha centrado sobre todo en los líderes y operativos criminales en lugar de a los cargos electos a los que se ha demostrado hace tiempo que corrompen. Ha dicho que su gobierno está erradicando la corrupción, entre otras cosas descubriendo importantes robos de combustible y fraude fiscal en la Armada de México, pero el presidente Trump ha dicho que hay que hacer más.
Funcionarios mexicanos sospechaban que Estados Unidos estaba preparando acusaciones contra funcionarios del país después de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, pronunció la semana pasada un encendido discurso en Sinaloa sobre la corrupción en el estado, que parecía dirigido a Rocha, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron de forma anónima para poder describir conversaciones privadas.
El comercio entre México y Estados Unidos “exige que nuestros gobiernos penalicen el soborno y la corrupción y apliquen códigos de conducta a los funcionarios públicos”, dijo Johnson, al hablar en la inauguración de una fábrica en Sinaloa.
“Es posible que pronto veamos acciones significativas en este frente”, añadió el embajador. “Así que permanezcan atentos”.
Tras el discurso, los funcionarios mexicanos pidieron a sus homólogos estadounidenses que les avisaran de cualquier acusación que estuvieran preparando contra funcionarios en activo, con el fin de poder gestionar las consecuencias a escala nacional y dentro de Morena, el partido de Sheinbaum, según estas personas.
El martes por la noche, funcionarios mexicanos recibieron una solicitud de extradición del gobierno estadounidense para “diversas personas”, según dijo el gobierno mexicano en un comunicado el miércoles. La solicitud “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” cuya extradición se solicitaba, dijo el gobierno mexicano, añadiendo que su fiscalía general estaba evaluando la solicitud. Sheinbaum no hizo comentarios sobre la imputación el miércoles.
La imputación de funcionarios de su propio partido podría poner en aprietos a Sheinbaum. Ella ha intentado mantener una buena relación con Trump al tiempo que se mantenía firme en la protección de la soberanía de México. Además, se enfrenta a la realidad política que supone dirigir su extenso partido, que cuenta con muchos dirigentes profundamente escépticos respecto a Trump y con algunos que también temen estar en el punto de mira del sistema judicial estadounidense.
Johnson, el embajador estadounidense, dijo en un comunicado el miércoles que tanto Estados Unidos como México querían luchar contra la corrupción. “Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos” dijo.
La acusación se basa en cargos anteriores presentados por la fiscalía estadounidense de Manhattan contra “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el capo encarcelado conocido como el “Chapo”, fundador del cártel de Sinaloa.
Desde sus primeros días, que se remontan a la década de 1980, el cártel de Sinaloa ha sobornado a funcionarios de todos los niveles del gobierno y el ejército mexicanos para expandir su imperio criminal, según los registros judiciales. Pero incluso en medio de ese largo historial de sobornos, el acta de imputación del miércoles sobresalía por acusar a las más altas instancias del gobierno de Sinaloa de, esencialmente, formar parte del cártel de Sinaloa.
Rocha, antiguo profesor y dirigente universitario, nació en la misma región montañosa de Sinaloa que el Chapo. En 2013, publicó una novela titulada El disimulo: así nació el narco, que relata la historia de cómo surgió el crimen organizado en Sinaloa.
En 2021, Rocha era candidato a gobernador cuando, según los fiscales estadounidenses, se reunió con los agentes de poder más importantes de su estado: los líderes del cártel de Sinaloa.
Durante una reunión custodiada por hombres con ametralladoras, dos de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, dijeron a Rocha que podían asegurarse de que ganara las elecciones, según el acta de imputación. A cambio, Rocha respondió que instalaría en todo el estado a funcionarios que permitirían al cártel operar con impunidad, según el documento.
Los fiscales estadounidenses dijeron que el cártel ayudó entonces a elegir a Rocha robando boletas electorales y secuestrando e intimidando a los candidatos de la oposición para que abandonaran la contienda. A continuación, Rocha y el cártel colocaron a funcionarios corruptos en el gobierno del estado de Sinaloa y en los municipios locales, decía el acta de acusación.
Durante los años siguientes, Rocha y otros funcionarios permitieron que el cártel introdujera “cantidades masivas” de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de “millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel”, según indicaba el acta de acusación.
Los otros funcionarios imputados son el actual alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa; el fiscal general adjunto del estado; y varios ex altos cargos de las fuerzas de seguridad del estado.
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