Redacción/Infobaja
Ensenada. – El modelo de viviendas de 40 metros cuadrados (m²) o menos en Baja California ha fracasado por un incumplimiento sistemático de las leyes federales, estatales y municipales, según un análisis técnico-legal realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE).
Ricardo Herrera Magdaleno, presidente del CICE, explicó que este modelo habitacional ha generado efectos negativos en la convivencia y la salud mental y física de las familias debido al hacinamiento y al estrés, lo cual se evidenció con mayor intensidad durante la pandemia de COVID-19.
El dirigente señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a aplicar el estándar óptimo de vivienda de 90 m² de construcción —o al menos 60 m² progresiva—, conforme a la Ley Federal de Vivienda. Este espacio busca garantizar condiciones adecuadas para la salud mental, la convivencia familiar, la movilidad universal y el desarrollo económico.
El documento Analizando el Hábitat en Baja California 2025: “Superficie, Seguridad y la Jerarquía Normativa” enfatiza que la ley establece los requisitos técnicos que definen una vivienda digna y decorosa, los cuales el Estado debe cumplir. En ese sentido, el CICE advirtió que las viviendas ultra compactas de 32 o 42 m² no solo representan una falla de diseño, sino un riesgo legal, estructural y social que vulnera derechos humanos y afecta la estabilidad del patrimonio familiar.
De acuerdo con el análisis, la Constitución y la Ley Federal de Vivienda establecen que toda familia tiene derecho a una vivienda digna, con espacios habitables y auxiliares suficientes, incluyendo al menos dos recámaras, baño, cocina y estancia-comedor. Casas menores a 40 m², apuntó Herrera Magdaleno, vulneran ese derecho y propician hacinamiento —más de 2.5 personas por cuarto—, lo cual repercute en la violencia doméstica, la salud mental y el desarrollo de la niñez y la vejez.
Contexto en Baja California
La Ley de Edificaciones del Estado de Baja California (LEBC) exige condiciones de seguridad, riesgo y movilidad inclusiva, además de normas específicas para construcción y uso del suelo, adaptadas al contexto sísmico de la región. En este marco, el Ayuntamiento de Ensenada debe aplicar los reglamentos que aseguren la funcionalidad y seguridad de las viviendas, además de controlar el desarrollo urbano mediante los estudios de impacto y las memorias descriptivas correspondientes.
Herrera Magdaleno señaló que el municipio tiene la obligación de promover el desarrollo vertical y la densificación, con el fin de cumplir el estándar de 90 m² (o 60 m² progresiva) y evitar la expansión urbana desordenada que agrava los problemas de infraestructura y movilidad.
Casas del Bienestar
Respecto a las denominadas viviendas del bienestar impulsadas por el Gobierno Federal, el CICE planteó que estas deben construirse sobre terrenos de al menos 120 m² —preferiblemente 140 m²— con frentes de 6 a 7 metros, de modo que las ampliaciones se realicen en patios traseros y no sobre los garajes frontales.
El organismo insistió en que la progresividad habitacional debe garantizar seguridad estructural, confort y dignidad, acompañada de planeación técnica y cumplimiento normativo. Si se cumplen las leyes de los tres niveles de gobierno, consideró el presidente del CICE, esta política pública podría generar bienestar familiar y social.
Sin embargo, advirtió que si se repiten los esquemas de viviendas hacinadas, alejadas de los servicios, centros educativos y laborales, el resultado será nuevamente un fracaso que afectará directamente a las familias bajacalifornianas.
