7 de Julio de 2026. Baja California. (2:30 hrs).- Gran indignación y a la vez, preocupación ha causado entre los comunicólogos, que elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y personal de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, iniciaron una campaña para tumbar las cuentas en redes sociales de los periodistas mexicalenses Jorge Heras y Alejandro Villa Lugo, por instrucciones superiores, según denunció el propio Heras, quien mostró capturas de pantalla donde se da cumplimiento a dicha instrucción.
Las diferentes organizaciones periodísticas del estado ya contemplan organizarse para realizar manifestaciones en favor de los profesionales de la pluma y el micrófono.
Según la Agencia Fronteriza de Noticias -que dirige Dolora Elena Cortés, se asegura que además enfrentan una denuncia por parte de una funcionaria del Poder Judicial del Estado, por presunta violencia política en razón de género, luego de que un invitado a su programa que transmiten por redes sociales, reveló que dicha funcionaria cuenta con una investigación en su contra por presunta violencia familiar.
De acuerdo con el periodista, sus fuentes de la propia Secretaría de Seguridad en el Estado, a cargo del general Laureano Carrillo Rodríguez, le informaron sobre una orden que recibió el personal, específicamente en los municipios de Ensenada y Mexicali, para reportar el portal digital de Lindero Norte e incluso, su página personal.
Relató que la orden provino del segundo al mando de la corporación, el teniente coronel José Enrique Medina, coordinador general de la dependencia desde el pasado mes de febrero, de quien en días recientes el periodista exhibió en su programa un video donde se le observa gritando a sus subordinados, molesto porque estos, siendo civiles, no conocen los distintivos militares.
Agregó que la petición a los agentes para que reportaran sus páginas digitales, y de lo cual les exigieron mostrar las capturas de pantalla para corroborar que acataron la orden, surgió además tras los recientes hechos que involucran a elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en una serie de intervenciones, presuntamente ilegales, como el cateo -sin orden judicial- de la vivienda de una agente de la fiscalía estatal.
