14 de octubre de 2024 (12:53 hrs).-(SinEmbargo) Son estados que por años, incluso décadas, han sufrido los embates de la violencia, resultado de las disputas que sostienen grupos del crimen organizado, y que con la entrada del nuevo Gobierno federal están contemplados como objetivos prioritarios de la estrategia de seguridad, con la que se busca pacificar al país. Se trata de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Sinaloa.
Estos seis estados, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encabezan los índices de delitos de alto impacto. Aunque en casos como el de Sinaloa, su inclusión en la estrategia responde a la oleada de violencia por la que atraviesa desde el pasado mes de septiembre y que ha dejado alrededor de 150 personas fallecidas. En una situación similar se encuentra Guerrero, ya que apenas el pasado fin de semana fue asesinado el Alcalde de su capital, Chilpancingo.
El pasado martes 8 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su estrategia de seguridad a la que denominó “Estrategia de Seguridad: República Segura y con Justicia”, con la que busca combatir la violencia en el país, especialmente en los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, en donde se ha presentado mayor incidencia delictiva.
En compañía de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Presidenta explicó que su estrategia de seguridad estará integrada por cuatro ejes, que serán los pilares de la misma: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación; y coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las autoridades de los tres niveles de Gobierno.
Aunque la Presidenta Sheinbaum reiteró que en este momento hay entidades específicas que requieren especial atención debido a que cuentan con mayor número de delitos de alto impacto, el caso más evidente es Guanajuato, también están considerando a estados como Sinaloa, estado en donde, pese a que no mantiene un índice alto de homicidios dolosos y de otros delitos, el último mes ha atravesado por una ola de violencia que ha afectado a algunos de sus municipios.
La estrategia de seguridad de la nueva Administración federal enfatizará esfuerzos en entidades como: Baja California, en donde desde hace al menos seis años, presenta altos índices en delitos de alto impacto, según datos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por ejemplo, en 2018 la entidad fronteriza registró tres mil 132 víctimas de homicidio doloso.
En 2019, la entidad registró una ligera disminución de víctimas de ese delito, que sumaron dos mil 865. Sin embargo, en 2020, el delito repuntó, alcanzando dos mil 940 víctimas; y un año después, volvieron a incrementarse los casos de homicidio doloso, ya que se registraron tres mil 030 víctimas. En 2022, se presentó una disminución, ya que hubo dos mil 726 víctimas; en 2023, dos mil 417; y de enero a agosto 2024, se han presentado mil 632 víctimas.
Chihuahua, entidad gobernada por la panista María Eugenia Campos, es otra entidad ha estado registrando altos índices de homicidios dolosos desde hace varios años. En 2018, por ejemplo, hubo dos mil 205 víctimas de ese delito; en 2019 se presentó un incremento, llegando a dos mil 580 víctimas; y en 2020, hubo un aumento más llegando a dos mil 689 casos. En 2021, las víctimas de homicidios dolosos presentaron una ligera disminución, ya que estas sumaron dos mil 445.
Para 2022, los casos de homicidios dolosos en Chihuahua siguieron a la baja, ya que ese año cerró con mil 974 víctimas. No obstante, en 2023, se registró un nuevo repunte de ese delito, mismo que dejó dos mil 072 víctimas; mientras que en los primeros ocho meses de este 2024, de enero a agosto, las víctimas de homicidio doloso ya suman mil 632, según datos del SESNSP, por lo que dicha entidad fue contemplada como una de las prioridades de la estrategia de seguridad del Gobierno federal.
Jalisco es otra entidad a la que se destinarán recursos y esfuerzos para combatir la violencia, ya que desde hace, al menos, seis años, presenta altas cifras de homicidios. En 2018, el estado registró dos mil 417 víctimas de ese delito, el cual para 2019 incrementó a dos mil 671 casos. En 2020, los homicidios dolosos se mantuvieron casi en el mismo nivel con dos mil 622; en 2021, sumaron dos mil 373; en 2022, se registraron dos mil 069: en 2023, bajaron a mil 958; y de enero a agosto de este año ya suman mil 276.
El caso más evidente de la violencia que afecta al país, es Guanajuato, en donde se han registrado las cifras más elevadas de homicidio doloso. Este delito, en 2018, registró tres mil 290 víctimas; en 2019, se incrementaron a tres mil 540; mientras que 2020 fue el año que más casos de este se presentaron al sumar cuatro mil 490. En 2021, hubo una disminución de los casos, cuando se registraron tres mil 516; en 2022 hubo tres mil 260; en 2023, tres 104; y en lo que va de este 2024, ya suman mil 994 víctimas de homicidios dolosos.
Guerrero también está contemplado en la actual estrategia de seguridad federal, debido al contexto de violencia por el que atraviesa desde hace varios años. Por ejemplo, en el caso de los homicidios dolosos, ese estado en 2018, sumó dos mll 470 víctimas; en 2019, mil 878; en 2020, mil 434; en 2021, mil 377; en 2022 repuntaron los casos a mil 360, lo mismo que en 2023, cuando se registraron mil 688 víctimas de ese delito. Mientras que en lo que va de este 2024, ya suman mil 182 víctimas de homicidios dolosos.
Aunque este delito ha presentado algunas disminuciones temporales, según los datos SESNSP, las víctimas de homicidio doloso se mantienen por encima de los mil casos al año. Además, en ese estado ha sido escenario de varias oleadas de violencia en los últimos seis años, situación que ha afectado tanto a la ciudadanía como al sector comercial e incluso a empresas trasnacionales, las cuales, incluso, han decidido cerrar plantas debido a la violencia que persiste en Guerrero.
La actual Administración encabezada por la Presidenta Sheimbaum también contempló a Sinaloa, a pesar de que los informes del SESNSP no han registrado cifras alarmantes de delitos de alto impacto, en comparación con el resto de los estados incluidos en la estrategia de seguridad federal, debido a que en el último mes, el estado está atravesando por una ola de violencia, que está afectando tanto a la ciudadanía así como a las actividades que ahí se desarrollan.
De 2018 a 2023, los homicidios dolosos registraron una reducción del 50.4 por ciento en la entidad, ya que en el primero tuvieron lugar mil 072 casos de ese delito y en el segundo se registraron 531 víctimas. Además, los homicidios dolosos en 2019,en Sinaloa, sumaron 896; en 2020, 778; en 2021, 600; en 2022, 478; y aunque en 2023, estos casos volvieron a incrementar a 531; y de enero a agosto de este 2024, ya se registraron 338 víctimas de este delito, se puede observar que un descenso del mismo en los últimos seis años.
Las lesiones dolosas son otro delito que muestra el nivel de violencia por el que atraviesa el país, particularmente a los estados en los que la nueva estrategia de seguridad busca enfocarse. En 2018, en Baja California este delito registró ocho mil 721 víctimas, su cifra más alta, mientras que en su cifra más baja tuvo lugar en 2021, cuando hubo seis mil 488 casos. Además, en los primeros ocho meses de este 2024, ya suman cuatro mil 453 víctimas de lesiones dolosas.
En este delito, Chihuahua sumó cuatro mil 742 víctimas en 2018, también el año que registró menos casos, mientras que 2021, fue el año con más víctimas, cuando sumó cinco mil 709; y en lo que va de este 2024, de enero a agosto, ya van cuatro mil 452 víctimas de lesiones dolosas, según información del SESNSP. En Jalisco, en 2018 se registraron nueve mil 540 víctimas de lesiones dolosas, año que más casos hubo; mientras que 2020 fue el año en que menos víctimas hubo, con ocho mil 042 y en lo que va de este 2024, ya suman seis mil 193.
Guanajuato es la entidad que más víctimas de lesiones dolosas registró en los últimos seis años. En 2018, los casos sumaron 15 mil 377, aunque en 2023 fue el año que hubo más víctimas de este delito, llegando a 18 mil 604, mientras que el año con menos casos registrados fue 2020, cuando estalló la pandemia por COVID-19, con 12 mil 999. Además, en los primeros ocho meses de este año, de enero a agosto, ese estado ya suma 13 mil 476 víctimas de lesiones dolosas.
Por su parte, Guerrero, también contemplado como uno de los objetivos principales de la nueva estrategia de seguridad federal, en 2018, registró dos mil 946 víctimas de lesiones dolosas. De los últimos seis años, 2023 fue cuando esa entidad registró su mayor número de víctimas de lesiones dolosas, llegando a tres mil 100, mientras que el 2020 fue el año que menos casos de este delito se registraron, con dos mil 491 y de enero a agosto de este 2024, las víctimas de lesiones dolosas ya suman dos mil 144.
En Sinaloa, las víctimas por lesiones dolosas han ido incrementado en los últimos seis años. En 2018, sumaron dos mil 088; en 2019, se presentaron dos mil 196; en 2020, tuvieron lugar dos mil 430 casos; en 2021, las víctimas incrementaron a dos mil 940; en 2022, las víctimas de ese delito llegaron a tres mil 466; 2023 fue el año que se registraron más casos de lesiones dolosas en Sinaloa, ya que las víctimas sumaron tres mil 569; y en los primeros ocho meses de este 2024, los casos de lesiones dolosas ya son dos mil 366.
Los delitos contra la libertad personal, entre los que se encuentran los diversos tipos de secuestro, tráfico de menores, rapto y otros, también tuvo incrementos considerables en algunos estados que son prioridad para la estrategia de seguridad federal, mientras que en otros, por ejemplo, Guanajuato, no presentaron alzas considerables. Esta entidad, según cifras del SESNSP, en seis años, reportó muy pocos casos de víctimas de delitos contra la libertad, en comparación con otros delitos de alto impacto como los homicidios dolosos.
En 2018, Guanajuato registró 13 víctimas de delitos contra la libertad personal, entre los que se encuentran los diversos tipos de secuestro, tráfico de menores, rapto y otros. El año con más casos de este tipo fue 2019, con 45, mientras que el año en que se presentaron menos víctimas de este delito fue 2023, con 10. Además, en lo que va de este 2024, de enero a agosto, se han registrado 13 víctimas de delitos contra la libertad personal.
De los seis estados que que son prioridad en la nueva estrategia de seguridad, Baja California es el que presentó el mayor incremento en el número de víctimas de delitos contra la libertad personal en seis años, ya que de 729 que hubo en 2018, en 2023, año con su mayor cifra, cerró con cuatro mil 868 casos, un incremento del 567 por ciento. El 2020, fue el año en que se registraron el menor número de víctimas de este delito, con 693. Mientras que en los primeros ocho meses de este 2024, ya suman dos mil 269 casos.
Chihuahua registró en 2018, 906 víctimas de delitos con contra la libertad personas, en menor número de casos en los últimos seis años; 2022 fue el año que más casos de este delito registró, con mil 322; y de enero a agosto de este 2024, ya suma 983 víctimas de este delito. En Guerrero, las víctimas de delitos contra la libertad personal sumaron 416 en 2018, cuando se presentaron el menor número de víctimas; en 2019, el año con más casos, hubo 717; y en los ocho primeros meses de este 2024, ya suma 309 víctimas de este delito.
En 2018, en Jalisco se presentaron 674 víctimas de delitos contra la libertad personal, año en el que también se registró su menor cifra; mientras que en 2023, se presentaron el mayor número de casos de este delito, con mil 268 víctimas; y de enero a agosto de este 2024, ya suman 754 casos. En Sinaloa, en 2018, hubo mil 466 víctimas de delitos contra la libertad personal; en 2019, el año que más casos registró, mil 569; el año con menos casos fue 2022, con mil 186 víctimas; y en los primeros ocho meses de este 2024, ya suman 989.
La extorsión es otro delito de alto impacto que en algunos estados, considerados como prioritarios en la nueva estrategia de seguridad, presentó incrementos importantes. Por ejemplo, en Guanajuato, en 2018, se registraron 15 víctimas de este delito, el año con menos casos, y en 2023, hubo 988 víctimas, el año con más casos, un incremento de más del seis mil por ciento. Además, de enero a agosto de este 2024, ya suman 769 víctimas de extorsión en esa entidad.
En Baja California, las víctimas de extorsión en 2018, sumaron 135; mientras que en 2019, el año con más casos registrados, llegaron a 2019 víctimas; 2023 fue el año con menos víctimas de extorsión con 110; y en los primeros ocho meses de este 2024, se ha registrado 76 víctimas de ese delito. En 2018, Chihuahua registró ocho víctimas de extorsión; en 2020, el año con más casos reportados, sumó 21 víctimas; el 2023, fue el año con menos víctimas, ya que se registraron cinco casos; y de enero a agosto de este año, van siete casos.
Guerrero registró 219 víctimas de extorsión en 2018; en 2019, el año con más casos, se reportaron 289 víctimas; 2023, fue el año en que se presentaron menos víctimas de este delito, con 159; y en lo que va de este 2024, de enero a agosto, se han registrado 98 víctimas de extorsión. Jalisco presentó 786 víctimas de extorsión en 2018, el mayor número en los últimos seis años; en 2023, 643, el menor número de casos; y de enero a agosto de este año, van 382 casos.
De acuerdo con los informes del SESNSP, Sinaloa presentó un número bajo de víctimas de extorsión, en los últimos seis años y en comparación con otras entidades consideradas como prioritarias para la nueva estrategia de seguridad federal. En 2018, registró 70 casos; en 2021, reportó 76 víctimas de extorsión, año con el mayor número de casos de este delito; mientras que el 2019, fue el año en el que se registraron el menor número de víctimas de extorsión, con 46; y en lo que va de este 2024, de enero a agosto, se han reportado 67 víctimas de extorsión en dicha entidad.
Estos datos reflejan, en la mayoría de los casos, el motivo por el que Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Sinaloa se encuentran como objetivos prioritarios de la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno federal. No obstante, en casos específicos como es el de Sinaloa, se debe a que en el último mes se han presentado una ola de violencia o cómo en Guerrero, en donde el crimen organizado se ha apoderado de ciudades como Chilpancingo, en donde en la última semana asesinaron a dos funcionarios, uno de ellos el nuevo Alcalde.
El pasado domingo 6 de octubre, el Presidente Municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado y decapitado. Los restos sin vida del Edil fueron abandonados a las 5:10 de la tarde al oriente de la capital de Guerrero. Además, sólo unos días antes, el jueves 3 de octubre, también por la tarde, fue asesinado de cuatro balazos el recién nombrado secretario general del Ayuntamiento, Francisco Tapia Gutiérrez, cuando caminaba por el centro de la capital.
No obstante, desde hace años, ese estado atraviesa por un contexto de violencia. En octubre de 2023, fueron asesinados 13 policías en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, entre ellos, el Secretario de Seguridad Pública municipal de Coyuca de Benítez, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay, y dos personas más resultaron heridas. Los hechos ocurrieron en la localidad El Papayo, región de la Costa Grande, a 20 minutos de la cabecera municipal, según el informe de la Policía.
En un hecho similar, el 5 de octubre de 2022, al menos 20 personas fueron asesinadas durante un ataque armado en el Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, Guerrero, entre ellas el Alcalde y su padre. El ataque habría sido perpetrado por el grupo criminal Los Tequileros. “Según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el Alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza (…) junto con otras 18 personas”, detalló en esa ocasión el Gobierno de México.
A esto, se sumaron los homicidios, con menos de una semana de diferencia, de dos fiscales en septiembre de 2023. El primero tuvo lugar la noche del sábado 9 de septiembre, cuando fue localizado sin vida Manuel Salas Cuadras, Fiscal regional de Tierra Caliente, cuyo cuerpo presentó impactos de bala luego de que estuvo en calidad de desaparecido, tras ser privado de la libertad por hombres armados al salir de su domicilio, ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán.
En un segundo hecho, el martes 12 de septiembre, Fernando García Fernández, Delegado en Chilpancingo, Guerrero, de la Fiscalía General de la República (FGR), fue asesinado a balazos en los alrededores de su centro de trabajo, ubicado en la colonia Ciplatli, del mismo municipio. Ambos hechos se presentaron a tres semanas del secuestro de Jaquelín González Salgado, titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán
Además, en junio de 2022, se suspendió la venta de pollo en Chilpancingo, Guerrero, por al menos tres días seguidos, del 12 al 15 de junio, luego de que distribuidores y comerciantes de este producto fueran asesinados en diferentes hechos delictivos asociados al crimen organizado. Los hechos tuvieron lugar pese a la presencia de la Guardia Nacional y a las afirmaciones de la entonces Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien presumió que estaba supervisando los trabajos en materia de seguridad.
En Baja California, el pasado mes de abril, fueron asesinados tres surfistas en las costas de esta entidad. Las investigaciones iniciales apuntaron a que lo que acabó con sus vidas fue consecuencia de un hecho fortuito como el paso de una camioneta llena de gente malintencionada. Los surfistas recibieron un disparo en la cabeza y sus cuerpos fueron arrojados a un pozo cubierto a varios kilómetros de distancia. El desarrollo de los hechos fue de pesadilla.
Según la hipótesis preliminar, los hermanos Jake y Callum Robinson, de Australia, y el estadounidense Jack Carter Rhoad habían hecho una parada para surfear en Punta San José, a unos 80 kilómetros al sur de Ensenada. Allí fueron atacados el 28 o 29 de abril. En su último campamento se hallaron manchas de sangre y huellas de arrastre “como de bultos pesados”, lo que hizo sospechar de un ataque, según declaró la Fiscalía del estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, en un intento de reconstruir la escena.
Andrade Ramírez dijo en rueda de prensa el domingo que los investigadores presumen que los asesinos pasaron por el lugar y al ver la camioneta de los extranjeros quisieron robarle las llantas y otras piezas. “No fue un ataque en su calidad de turistas… Seguramente desconocían la nacionalidad de las víctimas”, agregó.
La Fiscal explicó que, de acuerdo con las evaluaciones de especialistas forenses, los extranjeros se habrían resistido y “los asaltantes sacaron una pistola y primero mataron al que estaba oponiendo resistencia al robo del vehículo y luego llegaron los otros dos y se unieron a la lucha para defender su propiedad y a su compañero que había sido atacado y también los mataron”.
En Chihuahua, a penas el pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre un enfrentamiento entre civiles armados que se registró la mañana del lunes en una carretera de la entidad, la cual dejó como resultado el fallecimiento de nueve personas, mientras que otras dos resultaron lesionadas. El informe señala que los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 46+200 de la carretera Parral-Jiménez, en donde se hallaron los cuerpos sin vida de ocho personas.
Según lo mencionado por la FGE, seis de las víctimas fueron encontradas calcinadas, al igual que una camioneta de cuatro puertas que quedó en la misma condición a causa del enfrentamiento. Otras dos personas presentaban heridas por arma de fuego. En el lugar de los hechos también se encontraron “diversos cargadores y casquillos de diversos calibres, así como dos armas largas, una de color verde y otra de color negro, con empuñaduras de madera”, detalló la Fiscalía en su publicación.
Desde el pasado mes de septiembre, Sinaloa atraviesa por una oleada de violencia, particularmente en la ciudad de Culiacán. El 17 de ese mismo mes, Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que como resultado de esa situación, en algunas partes de Sinaloa se tuvo un saldo de 30 civiles y dos militares muertos. “De éstos, 22 han sido en la ciudad de Culiacán, que es donde tenemos el mayor número de efectivos”, apuntó.
Desde Palacio Nacional, Sandoval González informó también que los elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Sedena han recibido un total de 13 agresiones por parte de grupos criminales desde el pasado 9 de septiembre. “A partir del día 9 [de septiembre] y hasta la fecha, hemos tenido 13 agresiones: nueve lesiones al personal del Ejército y cuatro agresiones a la Guardia Nacional. Del resultado de estas agresiones, desafortunadamente tenemos dos elementos militares fallecidos: un oficial y un sargento”, dijo.
Para el 20 de septiembre La FGE de Sinaloa informó en un comunicado que en diferentes puntos de Culiacán y a las afueras de la ciudad fueron localizados los cuerpos baleados de cuatro hombres y una mujer. Uno de los cadáveres fue encontrado en una funeraria del municipio El Dorado. Los hechos tuvieron lugar en medio de una indetenible ola de violencia que golpea a esa región por las disputas que mantienen dos facciones del poderoso Cártel de Sinaloa.
La dependencia local añadió que en el puerto turístico de Mazatlán también fue asesinado a tiros un hombre y una mujer resultó lesionada. Asimismo, tres personas fueron reportadas como desaparecidas en Culiacán, indicó la Fiscalía. Las muertes ocurren en medio de una escalada de violencia que comenzó el 9 de septiembre por las disputas entre el bando liderado por “Los Chapitos”, que integran los hijos del exlíder de la organización Joaquín “El Chapo” Guzmán, y quienes son afines a Ismael “El Mayo” Zambada, arrestado en Texas.
Los choques armados han dejado hasta la fecha más de 150 muertos, entre ellos un oficial del ejército y un soldado, por lo que, en ese momento, el Gobierno federal envió a Sinaloa más de dos mil militares y efectivos de la Guardia Nacional que han resultado insuficientes para contener la ola de violencia que mantiene aterrorizada a la población y limitadas las actividades comerciales en Culiacán, una ciudad donde habitan más de un millón de personas.
Ante la imparable violencia en Sinaloa, el Secretario de Seguridad García Harfuch acudió personalmente a Sinaloa, en donde se comprometió a debilitar a los grupos del crimen organizado, por lo que, en un primer momento, se enviarán elementos de fuerzas especiales, tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional. El funcionario federal incluso caminó por calles de la colonia Las Quintas, en donde han tenido lugar diversos enfrentamientos.
