Los asesores jurídicos de Claudia Sheinbaum rechazan que la reforma al Poder Judicial sea regresiva y debilite la defensa de los ciudadanos.
Arturo Zaldívar, coordinador general de política y Gobierno, ha reaparecido este viernes en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo hizo para defender la reforma a la Ley de Amparo propuesta por el Ejecutivo, una iniciativa que ha provocado preocupación entre los analistas, quienes señalan que la enmienda al beneficio judicial podría reforzar la posición de las autoridades y debilitar a los ciudadanos en los juicios. Zaldívar, un exjuez
constitucional, plantó cara y salió al paso junto a la consejera jurídica de presidencia, Ernestina Godoy, para tranquilizar a los críticos. En su defensa, el equipo jurídico ha dejado asomarse una posible dedicatoria especial de la reforma, que apunta al magnate Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, y quien se ha colocado como uno de los opositores más férreos al Gobierno. El prominente empresario tiene abierto un frente con el oficialismo, que lo ha acusado de operar con jueces y tribunales para eludir el pago de millonarios impuestos. La iniciativa de reforma de Sheinbaum promete acabar con los deudores fiscales e impedir que estos se amparen frente a sentencias firmes emitidas por la Suprema Corte.
Zaldívar ha ofrecido un compendio de las presuntas bondades de la iniciativa. Esta busca tocar la figura del amparo por tercera ocasión en los últimos años. La figura es un recurso de alta valía para los ciudadanos y es considerado un instrumento de protección frente a los abusos a los derechos humanos de las autoridades. El ministro en retiro ha negado que los cambios propuestos limiten los alcances del amparo. En cambio, ha dicho que el objetivo es agilizar la justicia para que sea más eficaz y de más fácil acceso.
“Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo”, lanzó como primer golpe Zaldívar. El asesor presidencial encabezó su defensa con la redefinición del interés legítimo, uno de los puntos que han encendido los focos rojos entre los críticos al Gobierno y la oposición. La propuesta establece que únicamente las personas que prueben un “interés legítimo” podrán promover demandas de amparo, un cambio que, de acuerdo a los expertos en derecho constitucional, cierra la puerta a controversias en favor de derechos colectivos.
El puñado de cambios de calado planteados por la presidenta ha elevado vertiginosamente el debate entre el oficialismo y la oposición, junto con los expertos en Derecho. Los puntos negativos han ido ganando terreno desde que la iniciativa se hizo pública, el pasado 15 de septiembre. Esto parece haber ameritado una operación rápida del Gobierno para frenar las incipientes dudas que genera la enmienda. Los deudores fiscales y el combate al lavado de dinero han atraído los reflectores durante la explicación del expresidente de la Corte en la conferencia presidencial.
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