Tijuana, a 25 de junio de 2024 (20:45 hrs).-(AFN) El dirigente estatal del Sindicato de Burócratas, Guillermo Aldrete Casarín, aseguró que está en riesgo la firma de contratos colectivos y condiciones generales con autoridades municipales y estatales, así como diversos beneficios para los agremiados a esa organización, debido a un amparo interpuesto por Humberto Murillo para que se anule el proceso en el que fue electo.
En conferencia de prensa responsabilizó a Murillo de afectar a más de ocho mil familias de Tijuana, poniendo en riesgo beneficios sindicales esenciales, y pretender negociar con él, apoyado por el exdirigente y diputado local, Manuel Guerrero, para retirar el recurso de amparo con el que se le retiró la toma de nota ante el Tribunal de Arbitraje del Estado.
Recordó que en febrero del año pasado fue electo dirigente sindical de manera democrática y conforme a los estatutos, lo cual fue impugnado por Humberto Murillo, quien demandó la nulidad del proceso al no haber sido reconocido como candidato.
El también dirigente sindical de la sección Tijuana refirió que la negativa a la candidatura de Murillo, se debió a que no cumplió con los requisitos para ello, sin embargo, le fue admitido su recurso y se le negó la toma de nota al comité, por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado.
Agregó que días después el propio Tribunal reconsideró la medida y otorgó la toma de nota, lo cual fue impugnado por Murillo mediante un amparo, y un Juez Federal ordenó dejar sin efecto la toma de nota, afectando los intereses de los agremiados.
Aldrete Casarín agregó que en fechas recientes, el exdirigente sindical y actual diputado local, Manuel Guerrero, lo invitó “a negociar” con Murillo, quien le exigió que se anule un dictamen de la comisión de honor y justicia, que lo sancionó y con ello, impidió su registro como candidato.
Además, expuso, pidió garantías para ser candidato en la próxima elección sindical, aún sin cumplir con los estatutos, y que se le otorguen comisiones tanto a él como a sus cercanos, en el comité estatal, así como el pago de sus abogados hasta por un millón de pesos, lo cual rechazó, dijo Aldrete Casarín, al tratarse de una negociación para un interés personal, y no sindical.
“Estamos ante una situación delicada, con contratos importantes pendientes de firma con la CESPT e INDIVI, por mencionar algunos, aumentos salariales en riesgo, entrega de la caja de ahorro, liberación de jubilaciones, otorgamiento de bases, el debido funcionamiento en nuestra guardería sindical y la representación jurídica ante el patrón, entre otros temas de interés para la base y sus familias”, dijo.
