García Harfuch y Alejandro Gertz Manero fueron claros para hacer
notar cómo se encuentra el sistema de imparticion de justicia en el país.
El 1ro. De Junio se elegirán 881 cargos judiciales.
09 de Mayo de 2025. Ciudad de México.Mira (8_15 hrs).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue contundente al asegurar que en el periodo comprendido entre 2024 y lo que va de 2025, “hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden”. Asegurando que órganos judiciales favorecen a delincuentes. ‘En el Poder Judicial no nos dejan proceder’: Alejandro Gertz Manero.
Aunque la FGR ha solicitado al Consejo de la Judicatura proceder contra jueces corruptos, no ha habido acción alguna, afirmó el fiscal Alejandro Gertz Manero. “No nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”, afirmó en la conferencia matutina de Palacio Nacional.
Como a informado su Diario Digital Baja California, el domingo 1 de junio de 2025, de las 8:00 a las 18:00 hrs. Se realizará la eleccción de Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; En total se elegirán 881 cargos judiciales. 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF. 5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. 464 Magistraturas de Circuito. 386 Juezas y Jueces de Distrito. También, como resultado de la armonización de la reforma electoral con las entidades federativas, se tendrá la celebración de procesos electorales locales para 2025.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, acusó trabas para actuar contra juzgadores a quienes se les han detectado conductas ilegales. “No es todo el Poder Judicial, son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito”, hizo hincapié.
Mientras que fue más claro, recio y directo García Harfuch, al detallar los excesos: se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que representa a más de 100 delincuentes que han regresado a las calles. Además, se realizaron 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin cumplir con las formalidades del proceso, a pesar de que la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la SSPC consideró no viables los traslados, ya que dichas personas están recluidas por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio. Existe registro de 193 determinaciones –casi 200 decisiones judiciales– que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes mediante traslados, liberaciones y egresos definitivos.
Es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes, señaló el funcionario.
Entre los casos más graves, citó al juez Gregorio Salazar, quien ordenó la libertad de Mario Alberto N, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. En marzo de 2024 dictó auto de no vinculación a proceso contra Juan Enrique N, operador del cártel del Golfo. En noviembre de ese mismo año, revocó la medida de prisión preventiva a José Alfredo N, alias El Contador, también sobrino de Cárdenas Guillén, cabecilla del mencionado cártel.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseveró que han detectado conductas ilegales que podrían dar lugar a denuncias por delitos contra la administración de justicia. ¿Qué ha pasado? Que no nos dejan proceder en el Poder Judicial, porque dictaron un acuerdo interno en el que se establece que ningún juez puede ser procesado sin su autorización, denunció.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la oposición: “¿por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Ahora resulta que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero, ¿dónde está la crítica a lo que está ocurriendo hoy? No sólo hablamos de nepotismo y corrupción –denunciados incluso por la propia presidenta de la Corte–, sino de estos casos en los que es impresionante que jueces liberen a delincuentes”.
Sheinbaum subrayó que con la renovación del Poder Judicial y la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial podrá ponerse un alto a este tipo de conductas. “Actualmente puede presentarse una denuncia penal, pero si no hay pruebas contundentes, un juez puede argumentar: ‘Eso consideró mi compañero, el otro juez’”.
Alonso Urrutia y Alma Muñoz de la jornada, le hicieron una interesante entrevista al jefe policiaco, donde hace declaraciones contundentes y sin tapujos, en la víspera de las próximas elecciones de jueces y magistrados, del primero de junio próximo.
–Más allá de lo que ocurra en septiembre, ¿diría que hay encubrimiento por parte de la presidenta del Consejo de la Judicatura?
–Lo que nosotros mostramos son los hechos, para que la ciudadanía sepa. Hay quienes aún sostienen que ‘el Poder Judicial, como está, está muy bien’ y que la reforma es autoritaria. Pero es importante entender de dónde vino la reforma: surgió del tremendo nepotismo dentro del Poder Judicial y de numerosos casos como los que aquí se mencionan, que son apenas los más significativos.
García Harfuch detalló los excesos: se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que representa a más de 100 delincuentes que han regresado a las calles. Además, se realizaron 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin cumplir con las formalidades del proceso, a pesar de que la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la SSPC consideró no viables los traslados, ya que dichas personas están recluidas por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio.
Además, el secretario mencionó que otro juez, Silvestre Peña Crespo, está entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados de presos asociados al crimen organizado. Peña Crespo ha emitido cinco resoluciones de traslado entre Ceferesos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto: secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores y portación de arma de fuego.
Al detallar otros casos, García Harfuch refirió que una jueza de Guerrero a la que no identificó, dictó auto de libertad a Nabor N, alias El Camaleón, quien fuera jefe de plaza de La familia michoacana. A esta persona se le atribuye el secuestro de siete elementos de una institución de seguridad pública en 2009.
Aunque no identificó a los jueces responsables de las sentencias, subrayó que el 10 de abril de 2025, Francisco Javier N, alias M-60, jefe de plaza de La familia michoacana, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, dejando a las víctimas que fueron privadas de la libertad en un estado de indefensión. Además, Nicolás Armando N, líder del cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el 15 de abril.
Adelantó que se difundirán ejemplos de los casos en los que se solicitó al Consejo de la Judicatura tomar acciones en contra de los jueces, sin que haya habido acción alguna. “Lo voy a hacer público dando los datos específicos para que no haya malas interpretaciones”, advirtió Gertz.
Alertó que puede haber un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger este tipo de conductas. “Esos casos específicos de acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial —que tiene muchos años, no es de ahorita— no nos permite llevar esos juicios, más que cuando ellos lo autorizan, eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal. Eso se acabó”, aseguró el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero
