En el tercer día del paro nacional de labores, docentes afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), confirmaron el bloqueo de la garita de El Chaparral para este jueves 4 de junio. Usuarios en redes sociales reportan que hace pocos minutos se realizó un cierre total en la garita de San Ysidro, por lo que las personas que se encontraban haciendo fila tanto en carro como caminando, están a la espera. El tráfico de San Diego, por la carretera 5, lo est$n desviando a la garita fronteriza de Otay, para que salgan a México -Tijuana-.
En las decenas de fotografías –en las redes sociales- se pueden ver como elementos de seguridad se colocaron frente a la puerta para ingresar caminando a San Ysidro, dicho usuario con el nombre de Hernández Hernández señala que la entrada tanto en vehículo como caminando está cerrado, aunque otros señalan que solo se alentó un poco la fila
Marco Antonio Pacheco Peña, coordinador estatal de la CNTE en Baja California, informó que el recorrido iniciará a las 8:00 horas desde las instalaciones del Sistema Educativo en Tijuana, ubicado en Paseo del Centenario en Zona Río.
A pesar de que el diálogo se ha mantenido constante, la CNTE ha sostenido que las movilizaciones no cesarán hasta ver resultados tangibles. La organización ha reiterado que, aunque las mesas de negociación han avanzado en temas de forma, las demandas de fondo —como la revisión del sistema de pensiones y una interlocución directa con la presidenta Claudia Sheinbaum— siguen siendo el motor de sus acciones.
Pacheco Peña denunció que, a pesar del paro total en las escuelas de la Zona Costa (Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín), las autoridades siguen ignorando al magisterio y se niegan a entablar un diálogo.
Además, advirtió que recurrirán a medidas necesarias para llamar la atención de la comunidad internacional y de la prensa, con el fin de que sean resueltas sus peticiones.
Agregó que se ha comenzado a sumar el respaldo de otros sectores sociales en conflicto, como el grupo comunitario de Maclovio Rojas y los jornaleros agrícolas de San Quintín están por unirse al campamento en Tijuana debido a que sus propias demandas siguen sin resolverse.
Para el Gobierno, el reto es doble: demostrar que puede atender las demandas de los trabajadores de la educación sin descuidar la estabilidad de las instituciones académicas superiores, donde los estudiantes continúan exigiendo reformas estructurales. En los próximos meses, la capacidad de diálogo del titular de la SEP será el factor determinante que definirá si el 2026 será recordado como el año en que se resolvió el conflicto docente o como una etapa de crisis prolongada. Mientras que para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacional, deben estar alertas, porque podrán considerarse como engañados por los funcionario, sino cumplen sus promesas, otra vez.
Como informó su Diario Digital, Baja california, para el 15 de junio, se pretende instalar una mesa plural para la elaboración de una propuesta de Iniciativa de reforma.
Del 16 de junio al 20 de julio: Diagnóstico integral de la situación actual (análisis jurídico, derechos laborales y mecanismos de ingreso).
Del 21 de julio al 17 de agosto: Elaboración formal del proyecto de Iniciativa de reforma.
Del 18 al 31 de agosto: Consulta democrática al magisterio nacional.
14 de septiembre: Presentación de la Iniciativa ante el Congreso de la Unión.
En este contexto de protesta activa, la presentación del plan para la desaparición de la USICAMM busca despresurizar el conflicto, ofreciendo una estructura temporal clara para la transición hacia un nuevo esquema de ingreso y promoción docente.
El panorama educativo en México atraviesa una jornada de transformación y tensión sin precedentes. Este 3 de junio de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha marcado un antes y un después en su relación con el magisterio nacional al presentar una ruta crítica para la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Este anuncio surge en un momento de presión máxima, donde las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han escalado hasta el corazón administrativo del Gobierno Federal, obligando a las autoridades a acelerar una respuesta que promete erradicar un modelo de evaluación que ha sido duramente criticado por el gremio durante los últimos años.
La decisión de hacer pública esta hoja de ruta no es fortuita; responde a una estrategia de contención ante un escenario de alta inestabilidad. La SEP no solo lidia con las exigencias de la CNTE, que demanda desde la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 hasta mejoras salariales inmediatas, sino que también enfrenta un frente abierto con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
La ocupación de las instalaciones de Canal Once por parte de alumnos que exigen una democratización interna y la salida de su actual director general, Arturo Reyes Sandoval, ha sumado capas de complejidad a una administración que busca desesperadamente recuperar la gobernabilidad en el sector educativo antes de que el ciclo escolar llegue a su término.
La simultaneidad de estos dos grandes conflictos —la presión magisterial por la USICAMM y el conflicto estudiantil en el Politécnico— pone a prueba la capacidad de negociación de Mario Delgado. La estrategia de la SEP parece ser la de fragmentar los problemas: mientras se ofrece una salida negociada y estructurada a los docentes mediante un calendario legislativo, el Gobierno intenta mantener una postura firme ante las exigencias de destitución en el ámbito universitario.
La actual crisis educativa se define por la confluencia de deudas históricas con el magisterio y una nueva ola de exigencia estudiantil por la transparencia. La desaparición de la USICAMM, tal como lo establece el compromiso 27 de la administración de Claudia Sheinbaum, es ahora el eje sobre el cual se intenta pacificar a la CNTE. El éxito en esta "ruta de salida" no residirá únicamente en cumplir con las fechas estipuladas, sino en la capacidad de la SEP para integrar a los docentes en la construcción del nuevo sistema, asegurando que las promesas de "transparencia y erradicación de la corrupción" se traduzcan en beneficios laborales reales.
El magisterio está expectante. Las movilizaciones que han llegado a las sedes de la SEP en la capital son el recordatorio de que la paciencia del gremio se ha agotado. El 14 de septiembre, fecha en la que se prevé la presentación de la iniciativa ante el Congreso, se ha convertido en el horizonte político más importante para la administración educativa.
Para el Gobierno, el reto es doble: demostrar que puede atender las demandas de los trabajadores de la educación sin descuidar la estabilidad de las instituciones académicas superiores, donde los estudiantes continúan exigiendo reformas estructurales. En los próximos meses, la capacidad de diálogo del titular de la SEP será el factor determinante que definirá si el 2026 será recordado como el año en que se resolvió el conflicto docente o como una etapa de crisis prolongada.
