El contraalmirante Fernando Farías Laguna, uno de los cabecillas de la trama de corrupción, acude este lunes a su primera audiencia ante la justicia tras retrasarla con amparos.
El gobierno de Ismael Burgueño Ruiz pagó alrededor de 300 mil pesos por dos multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a que la anterior administración de Montserrat Caballero Ramírez inició la construcción del malecón de Playas sin contar con permisos federales.
La primera multa fue de 79 mil 198 pesos fue por no contar con el MIA y la otra, por casi 226 mil pesos por haber hecho trabajos que “no eran de mantenimiento” como lo habían notificado los exfuncionarios públicos, sino que se trataba de una construcción totalmente nueva, indicó la síndica Teresita Balderas Beltrán.
“Hace mes y medio que el Ayuntamiento cubrió esta multa”. Dado que es un daño al erario se integrará a las investigaciones que están haciéndose entorno al malecón. “La Sindicatura está turnando todos estos expedientes de estos mismos funcionarios para faltas graves y que también se les inicie un proceso para esta situación de índole penal”, precisó.
En agosto pasado, fueron inhabilitados un año tres ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental (SDTUA): Juan Enrique Bautista Corona (titular), Marco Antonio Campoy Arce (director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal) y Laura Alicia Beltrán Robles, subdirectora de Normatividad dentro de la SDTUA.
Este lunes 20 de octubre, el contraalmirante Fernando Farías Laguna tiene que acudir a Almoloya de Juárez, en el Estado de México, para tener la primera audiencia por su papel en el gran caso de corrupción de este sexenio: la red de contrabando de combustible en las aduanas de México. Tras tramitar varios amparos y aplazar esta audiencia alegando no tener acceso completo a la investigación, finalmente comparece ante la justicia el otro líder de esta trama que combina crimen organizado, aduanas, militares, funcionarios, miles de millones de pesos y decenas de barcos llenos de gasolina ilegal. La orden de aprehensión, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, permite reconstruir cuál era el rol protagónico de Farías Laguna y el otro cabecilla—su hermano Manuel Roberto— y se habla de que contaban con el respaldo de su tío, el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Los Primos. Ese es el apodo que, dentro de la Secretaría de Marina, tenían para los dos hermanos. “Tenían como finalidad crear estructuras donde consolidaron un control sistemático y sostenido sobre la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), valiéndose de su grado, cargo, relaciones y vínculos dentro de la Secretaría de Marina, gestionaron los ascensos y promociones, esto en beneficio de sus propios intereses, quienes supuestamente estaban respaldados por el entonces secretario de Marina”, se les describe en la investigación. Se refieren a Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Fuentes conocedoras del estamento militar describen a los hermanos como prácticamente hijos de Ojeda Durán, y argumentan que su rápido ascenso en el escalafón militar solo puede explicarse gracias a una palanca o enchufe. Las mismas fuentes hablan de que Ojeda Durán los colocó en puestos clave, desde donde, presuntamente, usaban su influencia para designar a marinos de su confianza en puestos clave de aduanas para poder operar su red. Desde el principio, el Gobierno trató de levantar un muro entre Ojeda Durán y sus sobrinos, pero sin mucha coherencia en las fechas y los hechos.
La posición de los hermanos en la trama era central. A los dos se les adjudica, junto con otros cuatro de los acusados, funciones de dirección, lo que podría llevarles a una pena de 20 a 40 años. El delito principal es delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, pero la acusación incluye referencias a otros crímenes como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada, además de cooptar a marinos y civiles para participar en su red criminal
Este tipo de contrabando es conocido como huachicol fiscal y consiste en introducir en México combustible refinado en otro país, que debería pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), oculto bajo el manto de otra mercancía que no tenga ese gravamen. La investigación comenzó en marzo de 2025, cuando se detuvo un barco cargado con millones de litros de combustible ilegal, pero saltó la liebre en septiembre, cuando se anunció la detención de 14 personas, siendo el mayor golpe a la corrupción que ha dado el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque las autoridades prometieron más arrestos relacionados con esta red, de momento no han transcendido.
En los documentos de la causa penal, se señala que hay grandes discrepancias entre los gastos de los hermanos Farías Laguna y sus ingresos como militares. Con un sueldo de unos 100.000 pesos mensuales, Fernando declaró ingresos por 15 millones de pesos de 2016 a la fecha, pero gastó 65 millones de pesos, más de tres millones de dólares, en varias casas, terrenos y vehículos de 2019 en adelante. “No se aprecia el origen de su riqueza para llevar un estilo de vida con la erogación de recursos millonarios que se desprende de la información financiera”, dice la investigación. El caso de Manuel Roberto es similar. Con unos ingresos parejos, compró propiedades y coches de lujo por 28 millones de pesos, casi millón y medio de dólares.
“Esta práctica es común en el proceso de lavado de dinero, en donde se solicitan créditos ante instituciones financieras; para realizar la compra de algún bien mueble o inmuebles, para de manera casi inmediata realizar el pago del mismo, con recursos de procedencia ilícita, con la finalidad de ingresarlos al sistema financiero y pasar a la transformación de los mismos al obtener un bien”, se lee en el documento.
Los dos hermanos pagaban, además, cantidades millonarias en seguros de vida y de gastos médicos. “El esquema anterior podría identificarse como un método que se utiliza en el proceso de lavado de dinero respecto de operaciones con seguros de vida; se ingresan altas cantidades de recursos ilícitos en la compra y adquisición de seguros de vida, posteriormente se solicita la cancelación del seguro, requiriendo la devolución por medio de algún instrumento financiero, obteniendo los recursos ya transformados y limpios”, explica la investigación.
La juez que lleva el proceso es Nancy Selene Hidalgo Pérez, cuyo caso más conocido fue la llamada Estafa Maestra, una trama de corrupción ocurrida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en la que se desviaron más de 7.000 millones de pesos. La dimensión en concreto de la red de los hermanos Farías Laguna se desconoce, pero se calcula que, el contrabando de combustible supone un daño a la hacienda pública de unos 177.000 millones de pesos cada año.
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