Los políticos buscados y y solicitados por la corte de Estados Unidos presuntamente habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos,para importar grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Dicho caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
Se hizo hincapié que los cargos que figuran en la acusación formal son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad. Estas son las penas que alcanzarían los 10 señalados por EE.UU.
Como se informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva Yorkacusó una decena de funcionarios mexicanos, entre los que se incluye el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, vinculándolos con delitos relacionados al narcotráfico y armas.
De ser encontrados culpables, los presuntos culpables, tienen penas distintas:
Rubén Rocha Moya (76 años, obernador de Sinaloa): Acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dicho armamento. Se enfrenta a una pena mínima de 40 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua.
Enrique Inzunza Cázarez (53 años, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa): Imputado por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena establecida es de un mínimo de 40 años hasta cadena perpetua.
Enrique Díaz Vega (50 años, exsecretario de Administración y Finanzas): Enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, además de la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. Su sentencia potencial varía desde los 40 años de cárcel hasta la cadena perpetua.
Dámaso Castro Zaavedra (54 años, fiscal general Adjunto de Sinaloa): Acusado de participar en la conspiración para importar narcóticos y de cargos por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta una pena mínima de 40 años y una máxima de cadena perpetua.
Marco Antonio Almanza Avilés(54 años, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinañoa): Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. La sanción prevista es de un mínimo de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo (45 años, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa): Imputado por conspiración para importar narcóticos y delitos de armas que incluyen ametralladoras y dispositivos destructivos. Se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años y una máxima de cadena perpetua.
Gerardo Mérida Sánchez (66 años, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa): Acusado de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras, artefactos explosivos y dispositivos destructivos. La pena potencial es de 40 años de cárcel como mínimo, pudiendo llegar a cadena perpetua.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado (55 años, exsubdirector de la Policía de Sinaloa): Enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. La sentencia oscila entre un mínimo de 40 años y la cadena perpetua.
Juan de Dios Gámez Mendívil(41 años, alcalde de Culiacán): Imputado por conspiración para la importación de narcóticos y delitos de armas pesadas, incluyendo ametralladoras y explosivos. Su pena mínima obligatoria es de 40 años, con un máximo de cadena perpetua.
Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito” (35 años, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán): Además de los cargos de conspiración de narcóticos y posesión de ametralladoras y explosivos, enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer dicho secuestro. Debido a la gravedad de estos delitos adicionales, su sentencia máxima no se limita a la cadena perpetua, sino que los cargos específicos de secuestro mortal conllevan sanciones adicionales severas bajo la ley de EE.UU.
