13 de marzo de 2025 (22:12 hrs).-(Punto Norte) Orvendilo Navarro Hernández, juez de control de Baja California que hace unos meses dejó en libertad al líder de una banda de secuestradores, ordenó el desalojo de un predio colindante al fraccionamiento Costa Coronado en Playas de Tijuana a favor del abogado Fidel Hernández Aguirre, ex director jurídico en Materia de Seguridad Pública en la Fiscalía General del Estado (FGE).
En un operativo encabezado por la FGE, que inició alrededor de las 10:00 de la mañana de hoy miércoles 12 de marzo y que contó con más de 20 agentes, el personal de la institución irrumpió en el predio.
La diligencia la encabezó el agente del Ministerio Público, Luis Cecilio Olivas Flores, quien recibía instrucciones directas del ex funcionario de la Fiscalía, Fidel Hernández Aguirre.
Hernández Aguirre es representante de la empresa Urbanizadora Nacional S.A de C.V, a la cual el juez Orvendilo Navarro benefició al ordenar la restitución del predio, a pesar de que el juicio no ha concluido.
Luis Antonio Quezada Salas, representante legal de la contraparte, la empresa Tijuana Monumental, explicó a PUNTO NORTE que existe un juicio de amparo en el que se les concedió una suspensión provisional para que ninguna autoridad local pudiera ordenar alguna modificación al terreno, mientras no se conociera el fondo del litigio.
Sin embargo, aún con el amparo, Fidel Hernández Aguirre promovió un escrito directamente al juez Orvendilo Navarro para solicitar la entrega del predio ubicado en la calle Costa Cantábrica, dentro del fraccionamiento Costa Coronado.
Quezada Salas calificó esa acción de ilegal y bajo una fuerte sospecha de corrupción, pues el 31 de enero de este año, una jueza que se encontraba supliendo en el caso al juez Orvendilo Navarro, definió que no se entregaría ninguna restitución hasta en tanto existiera una resolución del juzgado de distrito que concedió el amparo.
“Pero regresa Orvendilo de vacaciones y le da al Ministerio Público 24 horas para ejecutar”, explicó.
El abogado explicó que él mismo se acercó con el agente del Ministerio Público de la FGE a cargo de la diligencia, Luis Cecilio Olivas Flores, para explicarle que Tijuana Monumental, la dueña del terreno, contaba con una suspensión provisional para no ser desposeída.
“Me dice que con independencia de eso, la orden que trae del juez Orvendilo es llevar a cabo la restitución, cuando le pido que me muestre los documentos, no los traía a la mano”, señaló el representante legal de Tijuana Monumental.
De igual forma, Quezada Salas señaló que el agente Olivas Flores se retiró del lugar, dejando a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) recibiendo órdenes directas de Fidel Hernández Aguirre.
“Quien lleva la diligencia es la parte ofendida con todos los agentes de la Policía Ministerial, pero el agente del MP no se encuentra aquí, que es quien debería estar para dar la legalidad y la certeza de que estamos hablando de una cuestión de orden judicial”, manifestó.
Por otra parte, el abogado dijo que el mismo agente del Ministerio Público le respondió que la FGE no llevó peritos para verificar las colindancias del terreno que estaba siendo entregado a la empresa Urbanizadora Nacional.
“Me dijo que no, porque la parte ofendida le está señalando los puntos de su terreno”, explicó.
Por otra parte, Quezada Salas señaló los antecedentes del juez Orvendilo Navarro Hernández, los cuales fueron dados a conocer en un reportaje de PUNTO NORTE, respecto a la resolución en la que dictó libertad a Daniel “El Tigre”, líder de un grupo criminal de secuestradores que mantenían dentro de jaulas a sus víctimas y las asesinaban, que había sido vinculado a proceso por secuestro.
“Este juez se maneja de una manera que no es legal, ya tenemos antecedentes porque sabemos que es el mismo juez que dejó en libertad a unos secuestradores y que el Consejo de la Judicatura lo sigue conservando, no sé con qué finalidad, si es para que haga el trabajo sucio o para que haga cuestiones fuera de la ley”, señaló el abogado.
En ese sentido, el representante legal de Tijuana Monumental recordó que “los jueces no pueden revocar sus propias determinaciones si no es por virtud de un recurso. En este caso, dentro de la carpeta de investigación, no se llevó recurso en contra de ese auto de la jueza que estaba antes de Orvendilo”.
Por lo que acusó al juez Orvendilo Navarro y a Fidel Aguirre de tráfico de influencias e irregularidades en el proceso para emitir una resolución inmediata a favor de Urbanizadora Nacional y en la forma de ejecución.
La zona asegurada fue delimitada por trabajadores de la empresa, supervisados por Fidel Aguirre, quienes destruyeron cableado y tubería que se encontraba en el lugar.
Además, PUNTO NORTE, el único medio de comunicación presente en el desarrollo de los hechos, pudo constatar que mientras se realizó la diligencia, el personal de la Fiscalía no contó con equipo de medición ni con un perito que realizara la delimitación y mediciones exactas del predio.
Sino que era el propio Fidel Hernández quien les daba instrucciones de dónde colocar nuevos postes para delimitar el terreno.
En un intento de entrevistar al abogado Hernández Aguirre, éste guardó distancia detrás de los agentes en una zona delimitada por máquinas retroexcavadoras, evitando ser abordado por este medio de comunicación.
En cuanto a Orvendilo Navarro, quien se registró para ser candidato en las elecciones del 1 de junio para conservar su cargo como juez, no tiene maestría ni doctorado ni tampoco había ostentado ningún cargo dentro del mismo ámbito, de acuerdo a su currículo validado por el Poder Judicial de Estado.
