LA ESTADÍSTICA POLÍTICA | Por Sergio Trochez Reza
Miércoles 29 de julio de 2026. El encarcelamiento del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es el vivo ejemplo de una nula estrategia jurídica defensiva.
Resulta incomprensible que teniendo el antecedente de notas de prensa que durante alrededor de un año apuntaron a su presunta implicación corporativa en el contrabando de combustibles y huachicol fiscal, el político no se armara de una defensa que evitara su arresto, ocurrido hace dos semanas en Ensenada.
Ruffo ignoró las señales del radar de la Fiscalía General de la República, y hoy, vinculado a proceso por delincuencia organizada, su caso abre un debate obligado sobre su inexistente prevención legal.
El exmandatario estatal no es un improvisado. Conoce a detalle las tripas del gobierno. Sabe perfectamente que cuando el régimen quiere dañarte, lo va a hacer, y no le importó. No se previno.
En la conferencia de prensa presidencial de la mañana del martes 9 de septiembre de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, declaró que no había orden de aprehensión en contra de Ruffo. Increíblemente, el exgobernador le creyó y se confío. El mismo Ruffo empezó a realizar declaraciones ese día, diciendo que ni él ni su empresa Ingemar estaban implicados en ese delito.
¿A qué persona le avisa la autoridad que hay una orden de aprehensión en su contra?
Ruffo fue presidente municipal de Ensenada (1986-1989), gobernador de Baja California (1989-1995), senador de la República (2012-2018) y diputado federal (2018-2021). Insisto en que no es una persona hecha al vapor que carezca de experiencia.
Durante su mandato, el panista se enfrentó a uno de los presidentes más perversos que ha tenido nuestro país: Carlos Salinas de Gortari. El bajacaliforniano emprendió una lucha que buscaba más participaciones federales para los estados.
Ruffo desafío el centralismo del gobierno salinista, encabezando una audaz cruzada fiscal contra Los Pinos para arrebatarle a la Federación, las participaciones fiscales que por derecho le correspondían a las entidades.
Años después, en su tránsito de senador a diputado, le tocó vivir la llegada del partido político Morena al poder. Siendo integrante de la cámara alta del Congreso de la Unión, utilizó la más importante tribuna del país, para expresar que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, significaba el riesgo de restaurar el presidencialismo absolutista y el centralismo económico de la década de los años setenta.
Resulta incomprensible que con tanto arrojo, además de un inmejorable conocimiento del manejo de la administración pública, el ensenadense no se haya prevenido jurídicamente.
¿Fue la de Ernesto Ruffo Appel una detención ordenada desde el más alto nivel gubernamental? Por supuesto que sí. El golpe del morenismo tenía que darse al hombre más representativo de la oposición; al símbolo de la democracia; al que venció a un régimen autoritario hace 37 años, pero que ahora era propietario de una empresa de dudosas operaciones aduanales y bajo sospecha de tejer la red de contrabando de combustible más grande del norte del país.
Desafortunadamente, Ruffo ya se encuentra en el penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, compartiendo el aislamiento con los capos más peligrosos y los rostros más oscuros del crimen organizado de este país.
¿Porqué se confió? ¿Porqué no se previno? ¿Porqué no se amparó?
Ahora sí, ya adentro, estando preso, y mientras las autoridades penitenciarias malamente le están dando un trato inhumano, su abogado Fernando Gómez-Mont ha solicitado una infinidad de amparos.
Increíble.
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LA DETENCIÓN DE PEDRO ARIEL MENDÍVIL POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN LOS DESAPARECIDOS DEL BAR SHOTS DE MEXICALI
Después de años de dolor e impunidad, una luz de justicia comienza a asomarse sobre una de las heridas más profundas y dolorosas que ha sufrido la sociedad mexicalense en los últimos tiempos.
La detención de Pedro Ariel Mendívil García, extitular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, representa un paso histórico y sumamente aplaudible hacia el esclarecimiento de la desaparición de dos jóvenes estadounidenses en el bar Shots Factory en abril de 2023.
Para una comunidad que marchó, gritó y exigió respuestas ante el terror de la zona de antros, ver que la Fiscalía General del Estado finalmente actúa contra los altos mandos, es un síntoma de que el manto de la impunidad no es eterno.
Es de celebrarse, que las autoridades hayan tenido la voluntad política y el rigor judicial para capturar a quien fuera el máximo responsable de cuidar a los mexicalenses entre 2021 y 2023. Que Pedro Ariel Mendívil enfrente hoy una orden de aprehensión por su presunta relación con este crimen que conmocionó a Baja California, envía un mensaje contundente: el uniforme y la placa no pueden seguir siendo el escudo protector de la delincuencia institucional. La detención del exdirector en su propio domicilio de la colonia Los Arcos demuestra que la exigencia de los padres de las víctimas rindió frutos, obligando al sistema a romper el pacto de silencio que por años protegió a la corporación local.
Este caso debe marcar un antes y un después en la estadística delictiva y política de nuestra capital. Resolver el enigma del bar Shots no es solo una obligación legal para con las familias de los jóvenes desaparecidos; es un imperativo moral para devolverle la tranquilidad a una ciudad que vio cómo sus centros nocturnos se convertían en trampas mortales bajo la mirada complaciente -o cómplice- de la propia policía municipal.
Cayó Mendívil. Ahora falta que la justicia sostenga el caso en los tribunales y que esta captura sea el verdadero inicio del fin de las desapariciones forzadas en Mexicali.
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