La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Dirección de Responsabilidades, informa sobre la inhabilitación de cuatro ex funcionarios que pertenecieron a la pasada administración municipal, tres de ellos involucrados en un mismo expediente.
Al respecto, la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, reiteró el compromiso de la dependencia a su cargo como Órgano Interno de Control, encargada de vigilar que los recursos públicos se administren con responsabilidad y que su destino cumpla con el beneficio de la ciudadanía.
“La Sindicatura no entrega apoyos ni ejecuta obra pública; nuestra obligación es asegurar que cada peso del erario se utilice con honestidad y conforme a la ley. Cuando un servidor público incumple estos principios, estamos facultados para investigar, sancionar y garantizar que no se repitan actos que afecten la confianza de la sociedad”, manifestó Balderas Beltrán.
En este sentido, señaló que, en relación con un mismo expediente relativo a la adquisición de uniformes de la Secretaría de Educación, se encuentran inhabilitados por un periodo de seis meses:
Pedro Alejo Huiqui, director de la Secretaría de Educación del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, por no cumplir con su facultad de vigilar y administrar adecuadamente el uso de los recursos destinados a dicho rubro.
Raymundo Vega Andrade, Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, por haber autorizado un pago indebido correspondiente a la supuesta compra de uniformes escolares.
Luis Miguel Ramírez Flores, también Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento, por no mantener el control de las partidas presupuestales de gasto social, autorizando vales para la compra de uniformes sin la debida justificación.
De igual forma, en un expediente distinto relacionado con un contrato para rehabilitación y mantenimiento de semáforos en la Delegación Presa Este, se inhabilitó por 11 meses a Luis Jaime Brambila Álvarez, al omitir administrar, verificar y dar seguimiento a dicho contrato.
La Sindicatura Procuradora continuará con la vigilancia permanente para garantizar que los recursos públicos se apliquen en beneficio de todas y todos, con transparencia y rendición de cuentas.
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