Bajo el mandato de Trump, la Comisión Federal de Comunicaciones ha usado poderes reguladores oscuros para tomar medidas contra cadenas de televisión. Algunos conservadores están contraatacando.
Para este artículo, Jim Rutenberg realizó entrevistas en Milwaukee, Chicago, Washington y Nueva York con figuras clave en la lucha de la Comisión Federal de Comunicaciones contra las principales cadenas de televisión.
Un miércoles por la mañana, a mediados de diciembre, el senador Ted Cruz, presidente del poderoso Comité de Comercio del Senado, se enfrentó a un testigo potencialmente hostil: Brendan Carr, el republicano conservador que dirige la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés).
Cruz lo citó para que declarara ante el comité en octubre, días después de que Carr le exigiera públicamente a la cadena ABC que suspendiera al presentador nocturno Jimmy Kimmel, citando un monólogo sobre el asesino de Charlie Kirk que enardeció al movimiento de derecha MAGA. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo Carr en un pódcast de derecha. Disney, la empresa matriz de ABC, suspendió la emisión del programa de Kimmel durante una semana.
En el período previo a la audiencia, los comentaristas de Fox News y CNN anticiparon un “interrogatorio”. Las divisiones en el seno del movimiento de Trump eran cada vez más frecuentes, y estallaron peleas sobre los archivos Epstein, Israel e incluso el lugar de los neonazis en el amplio movimiento republicano. El ataque de la FCC a las cadenas de televisión había introducido la libertad de expresión en el debate, y algunos republicanos decían que las cosas habían ido demasiado lejos y otros que tenían que ir aún más lejos. JD Vance, el previsible abanderado de Trump en 2028, desestimó las amenazas de Carr como “una broma en las redes sociales”. Pero Cruz, cuyas indisimuladas ambiciones presidenciales se basaban en parte en mantener su reputación de guerrero de la libertad de expresión, dijo que eran “peligrosísimas” y comparó a Carr con un mafioso “salido de Buenos muchachos”. La página editorial de The Wall Street Journal, que estaba de acuerdo con el congresista, calificó eso como “el mejor momento de Cruz”.
Sin embargo, Cruz no podía alejarse demasiado del partido. Durante mucho tiempo, los republicanos habían sido un frente unido que impulsaba la opinión de que un complejo industrial de censura izquierdista estaba victimizando a los conservadores. La “libertad de expresión” fue un gran grito de guerra en el regreso del presidente Donald Trump, y Cruz se había presentado como un defensor de la Primera Enmienda ya en 2014, cuando, como senador novato, tomó medidas para bloquear las restricciones propuestas al flujo de dinero oscuro hacia los anuncios políticos. Cruz había respaldado el compromiso de Trump, expresado el día de su toma de posesión en 2025, de “detener inmediatamente toda censura gubernamental”, con su propia promesa de perseguir a las grandes empresas tecnológicas que suprimieran la libertad de expresión.
Sin embargo, para otoño era difícil ignorar el hecho de que todo el segundo mandato de Trump parecía un gran ejercicio de gobierno coercitivo y, en particular, que el esfuerzo del gobierno por suprimir la libertad de expresión se basaba en gran medida en el poder del propio gobierno para hablar libremente. Mediante entrevistas, proclamaciones o cartas, o incluso simplemente publicando mensajes en las redes sociales, el presidente y sus agencias obligaron a las universidades a eliminar las iniciativas de diversidad y a restringir las protestas en los campus, y forzaron a varios grandes bufetes de abogados a comprometerse con la neutralidad política.
El gobierno atacó a las cadenas de televisión con especial intensidad. Mientras Trump arremetía contra ABC, NBC y CBS por lo que calificaba de parcialidad, el presidente de la FCC aclaró lo que estaba en juego advirtiendo a las cadenas que podía utilizar sus poderes para bloquear fusiones o retirar las licencias a las emisoras que no actuaran en interés público, y que lo haría, lo que al final le valió una invitación a la sala de audiencias de Cruz.
El senador Ted Cruz, en una audiencia del Comité de Comercio del Senado en diciembre, advirtió que las amenazas del gobierno sobre el contenido podrían ser inconstitucionales y enfriar la libertad de expresión.Credit...Greg Kahn para The New York Times
“Presidente Carr, empecemos por la libertad de expresión”, dijo Cruz. Afirmó que los demócratas y los políticos de izquierda llevaban mucho tiempo intentando utilizar como arma la norma de interés público de la FCC —que exige a las emisoras autorizadas que utilicen las ondas públicas de manera coherente con “el interés público, la conveniencia y la necesidad”— para presionar a las empresas de medios de comunicación conservadoras. ¿Carr estaba de acuerdo en que esa presión es errónea? Carr estuvo de acuerdo.
Luego, Cruz pasó a la reacción al monólogo de Kimmel. “ABC y sus filiales habrían estado en su pleno derecho de despedirlo o simplemente dejar de emitir su programa”, dijo Cruz. “Esa era su elección. Pero lo que el gobierno no puede hacer es obligar a entidades privadas a tomar medidas que el gobierno no puede tomar directamente”.
Ahí estaba el quid de la cuestión. Cruz hablaba de “jawboning”, un término jurídico aún en evolución para referirse a la coacción gubernamental mediante la palabra. Pero todavía se estaba trazando la línea entre la expresión desde una posición de poder y la intimidación directa. “Los funcionarios gubernamentales que amenazan con consecuencias adversas por contenidos desfavorables son una coacción inconstitucional que amedrenta la expresión protegida”, dijo Cruz. “Por eso fue tan insidiosa la forma en que el gobierno de Biden ordenó a las redes sociales para que cerraran el acceso a los conservadores en internet por información veraz sobre la covid o el fraude electoral”.
A continuación, Cruz abordó finalmente las acciones de Carr, pero de manera oblicua. “Demócrata o republicano, no podemos permitir que el gobierno arbitre la verdad o la opinión”, dijo. “Presidente, mi pregunta es la siguiente: mientras exista una norma de interés público, ¿no debería entenderse que esta engloba sólidas protecciones a la Primera Enmienda para garantizar que la FCC no pueda utilizarla para enfriar la expresión?”.
Carr se tomó la formulación de la pregunta, que aludía a ambas partes, como un pase libre. “Sí, senador, estoy de acuerdo con usted”, dijo. “Y creo que los ejemplos que ha expuesto de su uso como arma durante los años de Biden son ejemplos perfectos”. Cruz no siguió con ninguna pregunta relacionada con Kimmel, ni con ninguna otra acción de Trump. Tras haber logrado mantener su postura en contra del uso de la FCC como arma, Cruz dejó las preguntas difíciles sobre si Carr había coaccionado mediante la palabra a los demócratas del comité.
Quienes lo vieron por internet o por C-SPAN habrían dicho que el esperado interrogatorio había quedado en nada. Un espectador, sin embargo, tenía una perspectiva muy diferente sobre la insinuación de Cruz, velada como estaba, de que Carr hizo algo malo.
Brendan Carr, presidente de la FCC, declarando ante el Comité de Comercio del Senado tras exigirle a ABC que suspendiera al presentador Jimmy Kimmel.Credit...Greg Kahn para The New York Times
“Muchos conservadores quedamos muy marcados por la experiencia con las redes sociales durante los años de Biden”, me dijo Daniel Suhr, un abogado de Wisconsin, después de la audiencia. Pero Carr estaba haciendo algo diferente, dijo Suhr, algo importante y bueno. “Hay una diferencia entre un burócrata que se sale de su jurisdicción para hablar y un regulador que habla dentro de su jurisdicción sobre el tema que regula”, dijo.
Suhr tenía una visión única del asunto. Él y su firma de abogados de interés público, el Centro para los Derechos Estadounidenses, habían estado desarrollando la lógica jurídica del esfuerzo de Carr desde antes de las elecciones de 2024. Explicó sus ideas en un artículo de opinión para el sitio web conservador The Daily Signal en diciembre, justo antes de la audiencia. Suhr escribió: “Carr destaca por su competencia sensata”, en parte porque había restablecido tres denuncias por prejuicios mediáticos que el bufete de Suhr presentó ante la agencia a finales de 2024 y que fueron desestimadas bajo la presidencia de Joe Biden.
De hecho, esas denuncias, que pretendían utilizar una normativa televisiva antigua y en gran medida no aplicada para castigar a las cadenas por su supuesto partidismo anti-Trump, habían impulsado gran parte de la presidencia de Carr hasta la fecha. Suhr no lo decía en su artículo, pero también se había dedicado específicamente a la televisión nocturna.
En julio, Suhr le envió a Carr una carta en la que argumentaba que “los programas nocturnos de las cadenas son implacablemente de izquierda” y que “las participaciones de los demócratas en los programas nocturnos son una piedra angular del eje DC-Hollywood”. Luego, en septiembre, pocos días antes del incidente de Kimmel, Suhr presentó otra queja formal en la que argumentaba que el presentador dirigía sus chistes sistemáticamente contra la candidatura del Partido Republicano, lo que equivalía a “un abuso masivo de las ondas”.
Cruz no interrogó a Carr sobre nada de eso, pero si lo hubiera hecho, podría haberse enterado de más cosas de las que él y sus colegas de la comisión esperaban. El bufete de Suhr había argumentado que la parcialidad violaba una norma de interés público muy antigua, pero poco utilizada. Era una interpretación jurídica inestable, pero ofrecía a la FCC un arma en una guerra mucho mayor para utilizar su poder con el fin de tomar medidas enérgicas contra las cadenas, controlar lo que emiten y comenzar una nueva era de medios de comunicación conservadores.
‘La policía de la palabra del presidente’
Dado su estado disminuido y su decreciente influencia, las cadenas de televisión podrían parecer un extraño premio en las guerras culturales de la era Trump. Pero la televisión abierta, que aún puede recibirse gratuitamente en cualquier hogar con antena, atrae regularmente a una audiencia masiva de unos 10 millones de televidentes para 60 Minutes, 7 millones para World News Tonight de ABC y más de 100 millones para el Super Bowl. Los noticieros locales de las cadenas son la única forma de periodismo que sigue siendo bien valorada por los miembros de ambos partidos en las encuestas sobre la confianza en los medios de comunicación.
Trump, quien pasó más de una década como estrella de El aprendiz de NBC, registra cada crítica televisiva en su contra como un serio golpe político. Desde sus primeros días como candidato a la presidencia, ha exigido que la FCC castigue a las cadenas por cualquier maltrato percibido privándolas de sus licencias. Pocos se tomaron en serio sus exigencias, en parte porque se basaban en una premisa errónea: la FCC no concede licencias a ABC, CBS, NBC o Fox, sino a los cientos de cadenas de televisión locales afiliadas que emiten sus contenidos a través de las ondas públicas, algunas de las cuales son independientes y otras son propiedad de las propias cadenas.
Daniel Suhr, abogado de Wisconsin, y su bufete de abogados de interés público, el Centro para los Derechos Estadounidenses, desarrollaron la lógica jurídica del esfuerzo de la FCC para tomar medidas enérgicas contra los contenidos de las cadenas de televisión.Credit...Greg Kahn para The New York Times
Sin embargo, cuando Trump volvió a pedirle a la FCC que retirara la licencia de una cadena tras su debate de septiembre de 2024 en ABC con Kamala Harris, que consideró “amañado”, Suhr tomó nota. Él y sus colegas del Centro para los Derechos Estadounidenses, con sede en Chicago, habían estado pensando en cómo el gobierno podría disciplinar a las cadenas por lo que consideraban un sesgo anti-Trump, y habían visto que el punto de presión obvio serían las emisoras locales que emiten su programación. Durante casi un siglo, el gobierno federal ha gestionado el tráfico a través de las ondas públicas con licencias exclusivas para bandas específicas del espectro radioeléctrico y televisivo, que declaró como un recurso público. El derecho a utilizar ese espectro público conllevaba la obligación legal de servir al “interés público”, principalmente proporcionando programas educativos y de noticias políticamente equilibrados.
Por Jim Rutenberg
https://www.nytimes.com/es/2026/01/17/espanol/television-conservadores-trump-maga.html
