10 de agosto de 2024 (19:43 hrs).-Cientos de personas se reunieron hace varios días ante un centro de detención conocido como Zona 7 en Caracas, la capital venezolana, apiñadas en torno a listas de presos, mientras se aferraban a bolsas de plástico llenas de comida que habían preparado para los reclusos que se encontraban dentro.
Ansiosos por obtener información sobre sus seres queridos detenidos, muchos contaron historias notablemente similares de hijos, hijas y hermanos arrestados cuando iban en moto, volvían a casa del trabajo, salían de una panadería o pasaban por casa de un familiar en los días posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela.
Describieron detenciones tanto generalizadas como selectivas. Y a nadie se le había comunicado qué cargos penales enfrentaban sus familiares.
El gobierno venezolano ha montado una furiosa campaña contra cualquiera que cuestione los resultados declarados de la votación, desatando una ola de represión que, según los grupos de derechos humanos, no se parece a nada que el país haya visto en las últimas décadas.
“Llevo muchos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela y he visto patrones de represión antes”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa e investigación. “No creo haber visto nunca esta ferocidad”.
El presidente autocrático del país, Nicolás Maduro, se atribuyó la victoria en las elecciones del 28 de julio, pero el gobierno aún no ha facilitado ningún recuento de votos que respalde su anuncio. La oposición, por su parte, ha hecho públicos los resultados, que muestran que su candidato ha ganado de forma aplastante.
Ahora, según los expertos, Maduro, tras haber sido aparentemente repudiado por la mayoría de sus electores, está empeñado en castigar a quienes considera desleales.
