24 de Enero de 2024, (07:39 hrs).-Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), se lanzó contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) luego de que este fin de semana hubiera un “sabadazo” y se modificara la medida cautelar a ocho militares investigados por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dejándolos en libertad condicional.
Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter), que el exfuncionario de la Cuarta Transformación que estuvo a cargo del caso dijo lamentar que los abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es más lamentable aún que abogados de la @SEDENA litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”, se lee en el post en donde internautas también lo criticaron al señalarlo de en su momento sólo obedecer órdenes y no haber logrado avances significativos para dar con la verdad de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.
“Señor, todos los acusados tienen derecho a una defensa”, “Y más lamentable que ahora tengas una posición de espectador…”, “La investigación debe ser INDEPENDIENTE; por ley. Está cometiendo un delito (uno más)”, “Y que tú hayas cobrado casi 5 años por no hacer nada, y llegar al mismo resultado que Murillo”, fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios de X.
Una jueza federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, dictaminó la liberación provisional de ocho militares de la Sedena implicados en la desaparición forzada de 43 estudiantes desaparecidos. Estas personas deberán cumplir con ciertas condiciones como la firma periódica, la entrega de sus pasaportes, el pago de una garantía económica y la prohibición de acercarse al lugar de los acontecimientos.
Las medidas impuestas buscan asegurar que los militares en cuestión permanezcan a disposición judicial mientras continúan las investigaciones. Las condiciones de libertad estipulan: “Deberán firmar periódicamente, entregar sus pasaportes, una garantía económica y no acercarse al lugar de los hechos”.
Los militares habían sido detenidos en junio del 2023 y eran acusados por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, por lo que se encontraban en el Campo Militar 1-A.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) denunció acciones judiciales en el caso tras el falló y expresó su rechazo a las recientes resoluciones que han beneficiado a ocho miembros de las Fuerzas Armadas.
Alegó que se les ha concedido ventajas indebidas, en lo que considera una secuela procesal cuestionable que afecta la protección de las víctimas y sus familias. La FGR anuncia la presentación inmediata de recursos para contrarrestar dichas medidas y defender los derechos de las víctimas y la seguridad nacional.
Las ventajas concedidas incluyen la aplicación de procedimientos de amparo que han llevado a una situación calificada por la FGR como de “evidente injusticia”. Alegan que esto impacta directamente a los familiares de los 43 desaparecidos y a la nación.
La institución afirmó en un comunicado que buscará acciones conforme al artículo 225 del Código Penal Federal, que sanciona las conductas en detrimento de la administración de justicia. Este pronunciamiento ocurre en un contexto donde las decisiones judiciales han desatendido otras resoluciones que previamente justificaban la prisión preventiva de los acusados.
Aparte de las medidas judiciales tomadas en este caso de alto perfil, la FGR destaca su labor exitosa a lo largo de 2023. Resalta haber obtenido 9,150 sentencias favorables y haber alcanzado 2,427 acuerdos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, ambos resultados a favor de las víctimas.
