10 de enero de 2025 (15:37 hrs).-(El Imparcial) La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Poder Judicial de la Federación debe devolver a la Tesorería de la Federación los recursos de sus fideicomisos, que superan los 21 mil millones de pesos.
La Constitución es clara: los fideicomisos deben reintegrarse
En su conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que la Constitución establece que los recursos asignados a los fideicomisos del Poder Judicial deben ser restituidos. Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria federal afirmó:
“Tienen que restituirlos, todavía no se integran a la Tesorería, pero tienen que, eso dice la Constitución”.
Asimismo, subrayó que la responsabilidad de cumplir con esta medida recae en el Consejo de la Judicatura Federal y en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según Sheinbaum, no pueden situarse por encima de lo que dicta la ley.
desglose de los fideicomisos
El Poder Judicial de la Federación maneja un total de 14 fideicomisos, cuyo saldo global al 30 de junio de 2023 asciende a 21 mil 538.7 millones de pesos.
Estos recursos se distribuyen de la siguiente forma:
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Posee seis fideicomisos con un total de 6 mil 241.9 millones de pesos.
- Consejo de la Judicatura Federal (CJF): Administra otros seis fideicomisos con un saldo de 15 mil 280.9 millones de pesos.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Tiene dos fideicomisos con un monto de 15.9 millones de pesos.
Crecimiento de los fideicomisos en una década
Entre 2013 y 2023, el saldo de los fideicomisos del Poder Judicial incrementó 12 mil 814 millones de pesos, lo que representa un aumento real del 50.6 por ciento. Este crecimiento ha generado polémica sobre la gestión y el destino de estos fondos.
El llamado de Sheinbaum añade presión al Poder Judicial en medio de tensiones por el manejo de recursos públicos. La restitución de los fondos podría tener un impacto significativo en la operación de la SCJN, el CJF y el TEPJF, lo que plantea preguntas sobre el equilibrio entre autonomía judicial y control financiero.
La disputa continúa, y el desenlace será clave para el futuro de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en México.
